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Senado frena la Ley de Empresas Sociales para consensuarla

De acuerdo con un análisis de la Gobernación de Santa Cruz, el proyecto de ley es inconstitucional, ya que plantea cierre de empresas por temas externos.

Senado frena la Ley de Empresas Sociales para consensuarla
Manuel Filomeno  / La Paz

La Cámara de Senadores suspendió ayer el tratamiento del proyecto de ley de creación de empresas sociales para escuchar las inquietudes de la empresa privada. El  presidente del Estado, Evo Morales, negó que con esa propuesta normativa  se busque la confiscación de las compañías privadas.

El presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, informó que se convocará a los representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y de la Cainco para explicar los alcances del documento, pero entre tanto el análisis queda suspendido.

El pasado martes, mediante un comunicado, la CEPB expresó su rechazo al proyecto de ley, al señalar  que  busca  "medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país”. 

Al respecto,   durante la entrega de una unidad educativa en Viacha, Morales aclaró que con el proyecto de ley no se busca afectar al empresariado ni confiscar su propiedad.

"En la madrugada me he sorprendido con algunos medios que el Gobierno estaría planteando confiscar empresas privadas. Quiero decir que es totalmente falso”, precisó.

Sin embargo, reconoció que la  confederación  de fabriles  planteó que si una empresa privada ya está en quiebra, se  cerrará por muchas razones, los trabajadores la pueden comprar.

"Si los obreros tienen capacidad económica o con crédito de la banca pueden comprar, pagar el costo de la empresa, esos obreros pueden convertirla en  una empresa  comunitaria, en empresa social, es su derecho, siempre y cuando se pague costo de la empresa. Cómo podemos plantear desde Gobierno la confiscación”, remarcó el mandatario.

Por su parte, la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) saludó la decisión del Ejecutivo y Legislativo del Estado, de postergar y analizar el proyecto de ley de creación de empresas sociales,   que en la víspera fue remitido a la Cámara de Senadores.

"Saludamos la medida asumida y nos mostramos abiertos a participar ante cualquier convocatoria del Ejecutivo” señaló el presidente de la institución, Davor Vargas.

De la misma manera, el senador opositor Óscar Ortiz aplaudió la paralización del tratamiento del proyecto de ley, ya que según el legislador,   planteaba un escenario desfavorable para las inversiones y la estabilidad de los empleos. 

Página Siete informó el pasado martes acerca de los alcances del proyecto de ley 218/17  de creación de empresas sociales, que utiliza como   argumento que es  obligación del Estado  el resguardo de  los derechos laborales de los trabajadores y generar oportunidades de empleo  e impulsar el desarrollo del aparato productivo del país.

Según el documento, el objetivo es reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de obra, que incursione  en el mismo mercado que la empresa que dio origen o similar,  en defensa de sus fuentes de trabajo.

 El proyecto señala  que una empresa social es la que está constituida  por los trabajadores activos de una compañía privada cuando está en  proceso de quiebra, concurso o liquidación o también  cuando se cierre  o se dé su  abandono injustificado.

Observaciones

La CEPB observa principalmente dos artículos de la norma, los cuales se refieren a las causas en las cuales los trabajadores pueden solicitar la constitución de empresas sociales y los casos en los cuales una empresa puede considerarse cerrada o abandonada injustificadamente.

 Por su parte, el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada,  criticó el proyecto de ley de empresas sociales, porque   la medida propuesta es inconstitucional.

    "Sería una medida inconstitucional. No puede ser que de un plumazo o porque no pagaron los impuestos o les fue mal, pasar (las empresas) a los trabajadores y si el Gobierno empieza a golpear la propiedad privada los problemas van a ser peores, porque la medida va a generar desincentivo a la inversión privada”, precisó.
 
Empresarios deberán cubrir deudas

El proyecto de ley 218/2017 de creación de empresas sociales establece que  en caso de que las deudas de la firma  con sus trabajadores sobrepase los activos de la empresa, el empleador deberá cubrir el saldo con sus propios recursos.

"En caso de que el balance social determine la existencia de deudas que sobrepasaran el  activo de la empresa, a  efectos del cumplimiento de tales obligaciones, las mismas serán asumidas por el empleador con la totalidad de sus bienes personales”, indica la Disposición Adicional Cuarta.

  Al respecto, la Confederación de Empresarios de Bolivia señaló que esta disposición  condena a los empresarios que hayan fracasado en sus emprendimientos a no  realizar ningún otro, "no sólo por la nefasta experiencia que supone que  se hagan con su propiedad, sino por los efectos derivados de los pasivos que, posiblemente, permanezcan impagos fruto de la constitución de empresas sociales”, precisó.

 
Punto de vista
Rodolfo Eróstegui  Experto en temas laborales

"Hay que analizar las razones de la quiebra”

"Hay que analizar las razones de la quiebra de las empresas que sean sujetas a esta norma. 
Si una empresa se encuentra en esa situación debido a falta de capital para las operaciones, entonces con una inyección de dinero se puede reactivar; sin embargo, si ésta se debe a la pérdida de mercado, entonces esa empresa ya no tiene posibilidades de recuperarse y si hay alguna posibilidad es de mucho riesgo. 

También la quiebra  puede obedecer  a un desfase en la tecnología que utiliza; es decir, opera con tecnología obsoleta. Esta empresa requerirá una inyección de recursos para modernizarse.
 
Eso significa, dependiendo del tamaño del emprendimiento, muchos recursos.

Por ello se dice que una empresa quebrada es una empresa quebrada. Es mucho mejor crear una nueva.

Por otro lado, hay experiencias en las que la empresa ha sido transferida a los trabajadores, como es el caso de la empresa HILBO SA. Esa empresa, con base en una reingeniería administrativa y financiera en la que participó la banca privada y la estatal,  fue transferida a los trabajadores. Sin embargo, éstos no pudieron hacerla funcionar por varias razones.

Respecto a si los trabajadores contarán con los recursos para hacerse de las empresas, es poco posible debido a que en la actualidad éstos solicitan anticipos de sus quinquenios, por lo que sus liquidaciones no alcanzarían.

Por otra parte, en el proyecto de ley no se vislumbra un apoyo financiero de la banca estatal ni privada.
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