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“Bolivia tiene un gobierno que es centralista como muchos”

“Hubo procesos de retroceso en el avance de la descentralización, fundamentalmente porque estamos viviendo un proceso centralizador”, afirma.

“Bolivia tiene un gobierno  que es centralista como muchos”
Juan Carlos Véliz M.  / La Paz
 
El miércoles 19 de julio, la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, que consolidó el régimen autonómico en Bolivia, cumplirá siete años aunque la autonomía en sí está vigente desde la promulgación de la nueva Constitución en 2009.
 
Dino Palacios fue presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, es especialista en diseño y evaluación de proyectos de desarrollo, y es un reconocido municipalista que ahora le toma el pulso a la autonomía en Bolivia.
 
¿Qué pasó en estos siete o más años de autonomía? "El ejercicio de la autonomía va más allá de la aprobación de la Ley de Autonomías” afirma el especialista.
 
"La autonomía en el ámbito gubernamental, con soporte territorial, digamos se genera con el proceso de la ley de Participación Popular el año 1994,  ese es el antecedente en términos de autonomía más importante; sin embargo, ese proceso previo -ese proceso de la participación popular- es un proceso con un conjunto de restricciones de orden competencial de orden y de generación de recursos”, explica.
 
 Antes de 2010, cuando se promulga la ley de Autonomías, "ya había autonomías sólo en el ámbito municipal”, "una autonomía limitada y subordinada”. Por  esa razón los municipios en el proceso de reforma constitucional de los años 2007-2008 reivindicaron la "autonomía plena”. "Esa era la bandera de los municipios, entonces creo que la referencia para comprender el proceso actual de la ley de Autonomías está ligado al proceso de aprobación de la ley de Participación Popular”, afirma.
 
Palacios analiza ambos procesos   que tienen  dinámicas distintas. "Sin lugar a dudas creo que la gran transformación de nuestro país ha sido generada  a partir de la aprobación de la ley de Participación Popular, a partir de lo que se llamó municipalización del Estado boliviano”.
 
Esto ocurre "cuando el Estado llega a todo el territorio nacional, la población se organiza y genera gobiernos que invierten recursos económicos en sus territorios”, un avance importante en la descentralización. "Este proceso de  2004 a  2010 tuvo conquistas y errores pero también aciertos muy importantes”.
 
El experto afirma que  la principal transformación del último siglo en Bolivia es  la ley de Participación Popular, "la gran revolución pacífica” y el artífice de este proceso fue Carlos Hugo Molina, menciona.
 
Si con el proceso de la participación popular hubo avances importantes para la descentralización del Estado, ¿qué pasa con el proceso autonómico abanderado por el presidente Evo Morales en 2008 como respuesta a la demanda de autonomía de la denominada "media luna”?
 
Palacios indica que "contrastando con la participación popular,  la ley de Autonomías es un proceso incipiente,  contradictorio y sin grandes avances”.
 
"Siete años es un buen periodo de tiempo, yo me atrevería a afirmar y alguna vez ya lo hice en un texto que lo he publicado, que hubo procesos de retroceso en el avance de la descentralización fundamentalmente porque estamos viviendo un proceso centralizador. Bolivia está viviendo y tiene un gobierno nacional que es centralista como muchos de la región, entonces nuestro avance actual es esmirriado, complejo frente a lo anterior”, agrega.
 
"Si el anterior proceso (participación popular de 1994) fue de una brillante política pública asociada a Carlos Hugo Molina, este proceso está asociado a contradicciones;  además, en términos de personas está asociado al multitask -el hombre orquesta- que es de la gestión de Carlos Romero (exministro de Autonomías); esos son los representantes de ambos procesos, el uno fructífero, enriquecedor,  de aprendizajes, de avances y de transformación del país, y el otro complejo, a gatas, todavía incierto y aún con contradicciones” indica el especialista.
 
La autonomía no fue una bandera propia del Gobierno sino de comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, también denominada "media luna”.   
 
"El nivel central no es abanderado de los procesos autonómicos a pesar de que nuestra Constitución define a nuestro país como plurinacional y con autonomías” y considera que es un gobierno centralizador "porque todas sus acciones están orientadas en ese sentido (por ejemplo),  creó un Ministerio de Autonomías (al cual) nos opusimos cuando estuvimos en la FAM porque lo considerábamos contradictorio que el tema de autonomías fuera dirigido por un ministerio. Propusimos un Consejo pero  el Presidente no lo aceptó y  creó ese ministerio, pero en enero de este año hemos visto que una de sus medidas fue precisamente eliminar el ministerio y volverlo viceministerio como antes de la aprobación de la Constitución”, indica.
 
Otra  acción, según el especialista, es el funcionamiento del Consejo Nacional de Autonomías que según la ley de Autonomías  debía sesionar  dos veces por año como mínimo desde el año 2010, pero esa instancia "prácticamente está sin funcionamiento desde el año 2015, cuando recién comienza a moverse y actualmente hace sesiones en un ámbito intrascendente en un proceso de autonomías”.
 
El Pacto Fiscal, observa Palacios, es otra de las tareas que avanza lentamente en términos formales con la organización de  comisiones y etapas.
 
Experto: La federación  permanece subordinada
 
Para el especialista en temas municipales Dino Palacios, el sistema asociación municipal  quedó subordinado al nivel central que "no está interesado en la autonomía, entonces el proceso se ha estancado y dio pasos hacia atrás”.
 
El especialista observa la reciente  transferencia de competencias del Gobierno central a los gobiernos municipales que ya tienen partidas presupuestarias asignadas previamente.
 
"La última transferencia de la  competencia (de controlar la venta de)  ropa usada a municipios sin recursos, sin proceso previo de censo es precisamente hacer lo que se hacía antes” indica y lo mismo ocurre  con el bono de los discapacitados, que debe ser pagado por las alcaldías.
 
"Si se analiza el ámbito normativo, por ejemplo hice ese ejercicio de 2014, revisando todas las leyes producidas en el nuevo Estado y definitivamente son una multitud de leyes que vulneran la autonomía, son centralistas y que no consideran ni respetan el movimiento descentralizador y la misma Constitución en varios sentidos. Entonces normativamente no hemos avanzado y la legislación que están produciendo las entidades territoriales autónomas no es significativamente importante”, dice. 
 
También observa el contenido de los estatutos departamentales, cartas orgánicas de los municipios y estatutos indígenas porque es intrascendente y  no ayuda  a profundizar los procesos autonómicos, aunque destaca el de Sucre que fue rechazado en un referendo y le llama la atención el retraso de La Paz en el diseño de su carta orgánica.

Experto Especialista en diseño y evaluación de proyectos de desarrollo.
 
FAM   Entre 2007 y   2014 ha dirigido la  FAM-Bolivia y la asociación de alcaldías de capitales, AMB.
 
Consultor Desde  2010 realiza consultorías a nivel internacional en la evaluación de proyectos.
 


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