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“Los chinos violan los derechos porque los gobiernos lo permiten”

Los especialistas proponen denunciar los atropellos para lograr un cambio de actitud.

“Los chinos violan los derechos porque los gobiernos lo permiten”

Francisco Pereira/ Página Siete. Mery Vaca, subdirectora; Julia Cuadros, César Padilla e Isabel Mercado, directora de Página Siete.

Página Siete/  La Paz
 
Las empresas chinas hacen noticia no sólo en Bolivia, sino en toda la región porque han empezado a acaparar obras de infraestructura, proyectos mineros y mantienen a los países agarrados con sus millonarios créditos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esa presencia casi hegemónica en algunos países como Bolivia?
 
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) organizó en los últimos días un ciclo de conferencias que se llamó "Derechos Humanos, empresas transnacionales y hegemonía china en Bolivia” para analizar esta problemática.
 
Para esa ocasión  llegaron especialistas de diversos países, entre ellos la peruana Julia Cuadros y el chileno César Padilla, quienes hablaron con Página Siete en La Paz.
 
Julia Cuadros es economista y directiva de la ONG CoperAcción, además de ser coordinadora del Grupo de Trabajo sobre empresas chinas en América Latina. Mientras que César Padilla es antropólogo especializado en gestión comunitaria de conflictos mineros de América Latina.
 
Ambos coinciden en que los gobiernos han abierto las puertas de los países de par en par para la presencia de las empresas chinas sin exigirles el cumplimiento de normas relacionadas con los derechos humanos o con el cuidado del medio ambiente.

¿Cuánto ha aumentado la presencia china en América Latina y cuáles son las consecuencias en la región?
 
Julia Cuadros (JC): Los últimos 20 años, China ha iniciado una expansión en  inversión en infraestructura, en minería, en hidrocarburos y lo hace porque tiene necesidades muy concretas, porque tiene déficit muy fuerte en energía, alimentos, minerales, principalmente hierro y cobre. América Latina es para ellos como el paraíso para conseguir los recursos. Su importancia radica en que si ellos reducen su demanda de materias primas, los precios se caen y en países como los nuestros las economías se voltean. La respuesta de nuestros países ha sido flexibilizar las normas ambientales, las normas laborales, las normas fiscales de propiedad de la tierra para que la inversión no sea atraída y para que la que existe no se vaya.
 
¿Por qué ligar la inversión china a los derechos humanos? 
 
César Padilla (CP): El tema de los derechos humanos es inherente al extractivismo. Hemos visto que las empresas medianas chinas no tienen un cuidado especial por el respeto a los derechos humanos, el respeto al ambiente. Como para nosotros es mucho más difícil acceder a la institucionalidad china, hay muchos más riesgos de que los atropellos de los derechos humanos por las empresas mineras chinas queden en la impunidad.
 
 En términos cuantitativos, ¿cuál es el  nivel de la presencia china en la región?
 
JC: Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte de inversión china que solamente en el año 2010 significó 14.400 millones de dólares para América Latina. Por un lado, hay países que exportan a China, como Brasil que exporta soya y hierro, Chile exporta cobre, Argentina exporta soya. Pero, en el caso de Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia, reciben préstamos de los bancos estatales chinos que van directamente a los gobiernos. Las estrategias son diversificadas. En el caso de Perú, no hay prestamos al Gobierno, sino que hay inversión en minería, en petróleo; en el caso de Chile hay asociaciones estratégicas con Codelco (Corporación Nacionaal del Cobre). Por lo general, ponen condiciones a su ayuda y los préstamos que hacen son con condiciones muy duras para los países que la reciben.  La forma en que China influye en el precio de los minerales, que suben, que bajan  y que afectan nuestras economías, hace que las normas nacionales sean a favor de ellos y los gobiernos se convierten en escuderos de esas empresas y de estas inversiones y eso está teniendo impacto ya muy concreto en la gente.  En el caso de Perú, en el marco de esta flexibilización, los estudios de impacto ambiental se realizan cuando ya están en la fase de explotación y  sólo demoran 15 días en ser aprobados. Por ejemplo, cuando se hace el traslado del mineral por carretera, la medida de mitigación del impacto ambiental es un camión cisterna echando agua en la carretera en la pista de tierra. En ese proyecto (las Bambas) ya hay cuatro muertos en dos años. Estoy convencida de que en general las empresas tienen un comportamiento de violación de derechos que es común, pero en el caso de las empresas chinas eso se agrava porque no conocemos cuáles son las obligaciones que esas empresas tienen porque nuestros gobiernos brindan todas las facilidades.
 
¿Qué tipo de gobiernos son los que brindan esas facilidades, o son todos?
 
CP: Son todos, lo que pasa es que China tiene una estrategia específica para cada uno de los países. Lo primero que buscan es asegurar commodities, eso implica que invierten o dan créditos a países que pueden pagar, luego a países que no van a poder pagar esos créditos y los van a tener que pagar con recursos naturales, y los otros son proyectos de infraestructura con altas tasas de interés de los créditos. 
 
¿Los chinos son los nuevos imperialistas? Se dice que nuestros países han reemplazado a un imperio por otro.
 
JC: Van en ese camino. Yo no sé si es un nuevo imperialismo, lo que sí, es un intento de una nueva hegemonía, la hegemonía implica una combinación entre política y economía, ahora ellos tienen mucho interés en América Latina y sobre todo en los países que estamos en el Pacífico para facilitar que los recursos lleguen más rápido a China.
 
CP. Nosotros no sabemos por qué las empresas chinas compran proyectos mineros cuestionados o  que han tenido conflictos o se ven como inviables  y llegan los chinos y lo compran.
 
¿Cuál es su hipótesis? 
 
CP. La idea es que si nuestros gobiernos muchas veces piensan en un umbral de 25 años, ellos están pensando de cierta manera para más allá, como 100 años, entonces, ellos saben que necesitan asegurarse los commodities que les permitan a ellos un estándar de desarrollo de largo plazo.
 
¿Ustedes han hecho un estudio comparativo para tener una idea de qué países de la región son más dependientes de China que otros?
 
CP. Ya sabemos que Venezuela en primer lugar, Ecuador, Argentina y ahora Bolivia, aunque falta sistematizar la información.
 
¿En qué medida está aumentando la presencia de la migración china en nuestros países?
 
JC. Las empresas chinas traen personal chino a trabajar y eso implica una masa que puede hacer cambios significativos en las poblaciones. A diferencia de otros países, en Bolivia hay mucho personal chino, en otros países es menor la cantidad de personal chino. 
 
CP. También hay diferenciación, por ejemplo, en el caso de la minería tú necesitas para sobrellevar un proyecto minero altamente tecnificado, personal tecnificado y los chinos no tienen tanto personal tecnificado, entonces es el personal que trabaja en esas empresas y que van un poco rotando, entre ellos chilenos en Perú, colombianos en Ecuador y así sucesivamente.
 
 ¿Qué otros problemas han identificado en relación a las empresas chinas? 
 
CP. Derechos laborales. 
 
JC. El choque cultural es un tema clave, los chinos están muy preocupados de entendernos, así como nosotros tendríamos que preocuparnos de entenderlos. Es bien significativo que en el caso de Perú la empresa china Shougang, que está mayoritariamente dirigida por chinos, tenga las mayores tasas de infracción de derechos laborales. Las empresas chinas se portan mal, pero nuestros propios gobiernos también se portan mal porque les permiten que hagan cosas, pero no tenemos el conocimiento suficiente de las leyes chinas que prohíben a los chinos hacer esas cosas. 
 
No es que ellos violan los derechos porque en la Constitución de China les permite que violen los derechos, ellos violan los derechos porque nuestros gobiernos les permiten y la gente que no estamos suficientemente informados les permitimos que violen derechos.
 
Pero aquí deberían regirse por la ley local, no nos debería importar lo que diga la ley china, sino lo que dice la ley nacional ¿no es verdad? 
 
JC. Pero si tú tienes un gobierno débil como los nuestros, con una institucionalidad débil, entonces tienes que hacer uso de todo lo que puedas para evitar que se violen derechos, si yo veo que no puedo con mi gobierno, porque mi gobierno está  facilitándole todo y tapándose los ojos, haciéndose los ciegos con relación a la violación de derechos, tendré que recurrir a aquellas instancias o cosas que me permitan visibilizar eso, judicializarlo o denunciarlo, demandarlo, y si eso es con las propias leyes chinas, si es con los convenios internacionales de la OIT, será con los convenios, o sea, tengo que utilizar todos los mecanismos para evitar que se sigan violentando derechos. 
 
CP. El desafío es hacer con China lo que hemos logrado hacer con otros países de donde provienen la inversiones mineras, en el caso de Canadá se ha hecho un lobby con las organizaciones ambientales canadienses de larga data y se ha logrado resultados lentos, difíciles, para que los gobiernos intervengan en lo que es el comportamiento de sus empresas fuera de sus fronteras. Eso tenemos que hacer con China, claro que es mucho más difícil porque no hay contrapeso de la sociedad civil en China, las organizaciones son muy débiles, tienen mucho miedo porque hay mucha represión.
 
¿No hay con quién dialogar allá?
 
JC. Ahorita estamos dialogando, pero tiene que ser un diálogo muy cuidadoso para no ponerlas en riesgo. Es que hay mucha desconfianza en las ONG. Ellos quieren apoyar, o sea ellos están viendo los problemas que están ocasionando. El Gobierno chino le ha dado mandato a la Cámara China de Comercio de Importación y Exportación de Minería para implementar unos lineamientos de responsabilidad social y ambiental que son de carácter voluntario, sin embargo, si se le pone la suficiente presión, se convierte en obligatorio porque el Gobierno chino es el que les ha dado el mandato. La otra cosa que hay que aprovechar es que China le tiene mucho miedo al qué dirán, están intentando cuidar mucho eso por la  pésima trayectoria que tienen en términos de la violación de derechos, falta de democracia. En el caso de las Bambas, la campaña la dirigimos a Australia y a China, donde se ponen nerviosos porque no quieren esa mala propaganda. 
 
¿Qué se puede hacer respecto a los gobiernos latinoamericanos para que reaccionen ante este tema?
 
JC. Todos los gobiernos que están en el sistema de Naciones Unidas  pasan cada cinco años un examen  sobre derechos humanos. El 2018 le toca a China y a Bolivia, ahí los gobiernos presentan su informe de derechos humanos, pero dan la oportunidad a que las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades den un informe alternativo. El plazo es marzo de 2018 para presentar los informes y la sesiones se realizan en el mes de noviembre  en Ginebra. Lo que viene ahora es que la sociedad civil vigile si se están cumpliendo o no las recomendaciones y documente para denunciar ante Naciones Unidas. También hay que documentar y  denunciar públicamente los hechos porque a lo que tienen terror es a esa denuncia pública.
 
CP. Yo creo que la mayoría de los países de la región que atraen estas inversiones  ven estos atropellos como uno de los costos de la inversión extranjera y eso es perverso, o sea, significa que si yo percibo un crimen hecho por una empresa china o canadiense, se va a ir la inversión, probablemente no se va a ir la inversión, pero por algún motivo nuestros gobiernos lo ven eso como un costo y el costo lo está pagando la gente y el ambiente.
 
¿Por qué esta insistencia con los chinos? ¿Acaso no son todas las empresas las que se comportan de la misma manera?
 
CP. Para nosotros la preocupación de China es que no sabemos cómo enfrentarla, estamos aprendiendo. En China, por ejemplo, contaminar un río significa entre cinco a 15 años de prisión para el gerente de la empresa y el corrupto significa la pena capital. Parece que en la cabeza de los chinos el tema de la corrupción y del medio ambiente tienen una consideración diferente.
 
JC. Los lineamientos chinos  indican que el inversionista chino tiene que respetar las leyes del país, que si las leyes del país son demasiado flexibles, ellos deben aplicar la ley china e incluso si hay prácticas internacionales demostradas que son mejores, hay que aplicar las practicas internacionales; pero si la gente no sabe, no hay presión. Mi intuición es que como nuestros gobiernos les abren los brazos, ellos creen que  pueden hacer lo que les da la gana. Además, ellos sólo se relacionan con el Gobierno y justamente el Gobierno es el que le da los mensajes erróneos, porque como nuestros gobiernos están en esa lógica perversa de atraer las inversiones a costa de lo que sea, entonces el mensaje que nuestros gobiernos le están dando a los empresarios chinos es que pueden hacer lo que les da la gana.

 

 

 


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