La Paz, Bolivia

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Guadalupe Peres Cajias
Alias agatha

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Sí, son siete millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco bocas amordazadas. Siete millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco mentes inquietas. Siete millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco miradas temerosas. Siete millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco pares de piernas agitadas. Siete millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco corazones colombianos. Todos afectados de alguna manera por el conflicto armado.
La cifra podría ser mayor. Sin embargo, el Registro Único de Víctimas sólo contempla a los afectados de las tres últimas décadas y un estimado de las precedentes. En todo caso, vale destacar el esfuerzo de esta oficina pública por reconocer a aquellos que sufrieron las consecuencias de un complejo y doloroso periodo en la historia colombiana.  Y es  por ellos que el 15 de diciembre de 2015 será recordado como un día histórico.
En esa jornada, luego de 18 meses, se llegó a un acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial para la búsqueda de personas desaparecidas, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición son los principales resultados de la negociación. La pregunta ahora es ¿cómo viabilizar este proceso para su factibilidad?
El primer punto para allanar el camino es la aprobación del plebiscito por la paz. Para ello, será fundamental el nivel de confianza que tenga la población en la legalidad y legitimidad del proceso. En un país donde la credibilidad es una rareza -debido a su historia política- el reto del Estado es considerable. Para esta tarea convendrá recordar los planteamientos de M. Weber (1964) sobre el Estado moderno como "una asociación de dominio de tipo institucional”, donde los procesos jurídicos sean guiados por la racionalidad y el fin de la labor estatal sea proteger la seguridad individual y garantizar el orden público.
De esta manera, se visibilizará a la población colombiana como la principal beneficiada. Y el séquito uribista -y aquellos que han obtenido ganancias del conflicto armado-, tendrán menos elementos para deslegitimar el mencionado plebiscito.
El segundo punto clave para allanar el proceso de paz tiene que ver con el tema de la tierra y el territorio. Como ha advertido el sociólogo y columnista Alfredo Molano, las demandas políticas al respecto iniciaron en 1920, producto de una "injusta distribución” (2015). El Censo Agropecuario de 2014 da razón de esta situación. En datos preliminares ha revelado que el 0,4% de los propietarios poseen el 46% de las tierras, divididas en terrenos de hasta 500 hectáreas, mientras que el 70% sólo tienen el 5% del total de la zona rural colombiana, con predios de máximo cinco hectáreas.
Este punto originó el conflicto y es una de sus principales consecuencias. Muchas de las víctimas han sido desplazadas. Por lo mismo, el  saneamiento de tierras deberá ser un hecho.
El último elemento es quizás el más complejo. Tiene que ver con el trabajo que se deberá encarar para tratar los daños en las víctimas, planteados en el informe "¡Basta ya!” (2013) del Centro de Memoria Histórica.
Una mujer de la comunidad Wayuu afirmó que su pueblo fue destruido con la llegada de los paramilitares. "Nos  hirieron tanto que supieron herirnos como comunidad y como personas con todo lo que consideramos como sagrado”, incluso la muerte.
"En los 90, nadie se atrevía a hacer un velorio, no había quién ayudar a cargar los muertos (...) Un día vi a una mujer con una carreta y allí llevaba un cadáver, cubierto con hojas de plátano, fue denigrante porque en esas carretas cargaban los marranos” afirmó otra víctima entrevistada.
Para reparar estas secuelas  hay poco por decir, pero ciertamente mucho por hacer y por sentir... Pues ahora hacer de tripas corazón ya no es una opción.

Guadalupe Peres-Cajías es docente universitaria y especialista en investigación en comunicación.
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