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Veronica Ormachea Gutierrez
Focus

¿Será enjuiciada Rousseff?

Cualquier autoridad política involucrada en actos de corrupción debería ser enjuiciada. Así lo dice la ley, la justicia y los principios. Nadie debe utilizar los recursos del Estado ni de los  contribuyentes, así como el poder político para beneficio personal.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está en la mira. La oposición quiere destituir por corrupción a la líder del Partido de los Trabajadores (PT) y exguerrillera a través de un juicio político o impeachment.

Este instrumento político es para muchos una suerte de "golpe de Estado” desde el Congreso ya que puede retirar a presidentes sin destruir el orden constitucional. Es un arma tan poderosa que es fundamental que un partido cuente con mayoría parlamentaria.

La mandataria ha sido acusada de encubrir la situación fiscal de su país para lograr su reelección en 2014. También es criticada porque su segundo mandato ha estado marcado por una profunda crisis política y económica.
 De igual manera, su gestión ha sido observada por el escándalo de la empresa petrolera Petrobras, más aún porque militantes de su partido han estado involucrados, entre ellos el tesorero.

En Petrobras, empresa que produce crudo y es la estatal más grande de Latinoamérica, se detectó un desvío de 4.000 millones de dólares en sobornos y sobrepagos en compras. A raíz de esto, la Fiscalía inició investigaciones a autoridades.

El controvertido presidente del Congreso, Eduardo Cunha (de quien se dice que habría estado involucrado en el escándalo Petrobras), gestionó que la Cámara de Diputados solicite se le inicie juicio a Rousseff.
El expresidente Lula da Silva dijo que aquél actúa por venganza política contra el PT.

El Tribunal Superior del Brasil, sin embargo, decidió, en días pasados, que sea el Senado el que refrende la solicitud de  impeachment.  Esto dio un respiro a la Primera Mandataria ya que el oficialismo tiene mayoría en la Cámara Alta. No se sabe, sin embargo, si esto seguirá su curso por las imprevisibles alianzas y contraalianzas de los políticos.

Si el proceso a Rousseff se diese, la Jefa de Estado tendría que apartarse del cargo durante seis meses, en tanto los senadores decidan sobre el futuro de su mandato. Y si las investigaciones y acusaciones son contundentes, probablemente termine presentando su renuncia y deje su puesto.

Según las últimas encuestas de la empresa Datafolha, la aprobación del gobierno de Rousseff bajó en 8%.  El 71% de los encuestados definió su gestión como mala y 66% opinó que la mandataria debe ser destituida. Miles de opositores han salido a las calles exigiendo se la retire del cargo.

La misma empresa de encuestas afirma que la impopularidad de la mandataria es la más alta registrada en democracia. Supera al 68% del expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello.

En 1992 el Congreso de dicho país aprobó el inicio de un juicio penal contra Collor por actos de corrupción, que concluyó con su retiro de la Presidencia.

Fue el primer Jefe de Estado latinoamericano destituido por actos ilícitos. ¿Le ocurrirá lo mismo a Dilma? Si se respetan las leyes e instituciones, debería serlo y así sentar un nuevo precedente en el país vecino y el mundo.


Verónica Ormachea Gutiérrez es periodista y escritora.
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