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Jerónimo Giorgi

América Latina calla ante el atropello

América Latina calla ante el atropello
En estos días Guatemala vive una profunda crisis política luego de que el presidente Jimmy Morales emitiera el domingo un comunicado decretando la expulsión inmediata del exmagistrado Iván Velásquez, máximo representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como se conoce a la misión de la ONU en el país. La decisión del presidente y exhumorista televisivo se da luego de que la fiscalía y la CICIG pidiesen retirarle la inmunidad por financiación electoral ilícita en la campaña de 2015. De esta manera, el mandatario busca bloquear el funcionamiento de la Comisión que hace dos años encarceló a su antecesor, Otto Pérez Molina, y que está investigando además a su hijo y hermano.

La orden del Presidente, sin embargo, había sido bloqueada el domingo pasado de forma temporal por la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país. Este martes la Corte ratificó su decisión de forma definitiva luego de  una nueva votación y consideró que el presidente no cumplió con lo establecido en la Constitución "al actuar sin el acompañamiento de sus ministros”.
 
Esta decisión es un importante revés político para el presidente, cuya orden despertó una ola de protestas y ha llevado al Gobierno a una crisis de gabinete.

En su mensaje, el presidente Morales acusó a Iván Velásquez de excederse en sus facultades al frente de la CICIG al presionar al Congreso de forma ilegítima. Remarcó además que la decisión de expulsar al líder del organismo, que desde el 2015 lidera junto a la fiscalía una inédita lucha contra la corrupción, busca proteger los intereses del pueblo guatemalteco. 

Por otro lado, Morales considera que la Corte de Constitucionalidad, quien bloqueó su orden, no puede limitarle en la conducción de la política internacional. Y si bien el mandatario aseguró que la medida no significa el rompimiento del orden institucional, la crisis no deja de profundizarse y la situación del presidente, quien se encuentra cada vez más aislado, mantienen en vilo al país.

La crisis se desató el viernes pasado cuando Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana comenzaron el trámite para retirar la inmunidad al Presidente, sospechoso por financiamiento electoral ilícito cuando presidía el partido oficial FCN-Nación, quien lo llevó al poder en 2015.
 
Según las investigaciones, Morales recibió en aquel momento aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral varios fondos de campaña. Las anomalías financieras se estiman en casi un millón de dólares y se espera que la investigación se profundice si la justicia y el Congreso le levantan los fueros.

Numerosas organizaciones sindicales, empresariales y civiles han apoyado al excomisionado Velázquez. Sin embargo, las primeras protestas han sido limitadas en comparación a las del 2015, cuando más de 100 mil personas salieron a la calle para exigir la salida de Pérez Molina. Esto se debe, según ciertos analistas, a que la CICIG ha perdido respaldo entre la clase media y media alta, luego de impulsar una reforma que incluía el reconocimiento pleno al derecho indígena. En este sentido, la ultraderecha guatemalteca ha logrado asentar la idea, impulsada además por una profundización impositiva, de que el embate contra la corrupción oculta una agenda de izquierda.

A pesar del panorama diverso en el país, desde la comunidad internacional, las embajadas de EEUU, Unión Europea, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza manifestaron en un comunicado conjunto su rechazo a la decisión del mandatario y su respaldo a la CICIG. En el mismo sentido se manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estado Americanos (OEA), quien ha expresado "preocupación” ante la decisión del Presidente. 

La presencia de la CICIG en un país ahogado por la corrupción como Guatemala, en medio de América Latina, una región donde reina la impunidad, es de momento la forma más efectiva de investigar y enjuiciar a las élites corruptas. Sin embargo, hasta el momento, la comunidad latinoamericana no se ha pronunciado al respecto. Quizás debido al profundo respeto de los gobiernos latinoamericanos hacia la soberanía de terceros países. O quizás al miedo a respaldar un organismo que podría expandirse hacia otros países de la región convirtiéndose en una amenaza a la soberanía propia.

Jerónimo Giorgi es periodista  uruguayo dedicado  a temas internacionales.
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