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La cuestión en debate

Medias verdades acerca de la disposición del dinero ajeno

El inciso c) del artículo 140 de la Ley 65 fue introducido sin que la gente dueña del dinero lo haya aprobado y, recién ahora, se dan cuenta de su verdadero significado. En consecuencia, debería ser eliminado, derogado.

Medias verdades acerca de la disposición del dinero ajeno
La mayor objeción al uso del 1% del Fondo de Ahorro Previsional o los dineros administrados por las AFP es que estos recursos pertenecen a más de dos millones de trabajadores que aportaron y aportan a las AFP para obtener una pensión de jubilación; por lo tanto, deben resguardarse con las mayores seguridades que otorga el propio sistema de pensiones.

 ¿Un 1% que el Presidente Evo lo entendió como 5%? ¿Cuál es la verdadera cifra? Según la Ley 65, que se esgrime como la base jurídica para el uso de esos dineros administrados por las AFP sin análisis del riesgo, el número correcto es 5%. Según las autoridades del Ministerio de Economía, se trata de tan sólo 150 millones de dólares, equivalentes al 1%. Para mi el 1% es el primer paso para luego gastarse el 5% sobre la base del inciso c) del artículo 140 de la Ley 65.
 
Un inciso introducido sin que la gente dueña del dinero lo haya aprobado y que, recién ahora, se dan cuenta de su verdadero significado. En consecuencia, debería ser eliminado, derogado, de la Ley 65.

 El inciso c) es un quiste canceroso introducido en la Ley 65 para disponer de más de 700 millones de dólares -por ahora-  de los recursos ahorrados por los afiliados o aportantes a las AFP sin ninguna valoración de la solvencia de los prestatarios. Por eso que para acomodar el primer 1%, el Gobierno intermedia la creación de una artificiosa estructura de garantía con dineros ajenos. Así el Gobierno se muestra generoso con los pequeños y medianos productores para que compren semillas, maquinarias y otros insumos, y gana indulgencias con avemarías ajenas.

  La estructura de la garantía está dividida en tres partes. Si, por ejemplo, el préstamo es de 20 mil dólares, un 30% (6.000 dólares o la fracción que no se pague) proviene de las empresas agroindustriales, que son los mayoristas o rescatadores de la producción de los pequeños productores agrícolas, entre ambos firmarán contratos de venta de la producción.

 Un segundo 30% viene del segundo gran corazón que aparece en la ecuación de la garantía a favor de los pequeños agricultores: el fondo de garantía para los créditos de vivienda, creado por la Ley de Entidades Financieras, que exige un aporte del 6% de las utilidades generadas por los bancos para constituir el anticipo a los créditos de vivienda. Parece que estos recursos son sobreabundantes, al punto que pueden ser facilitados a las AFP o a la futura Gestora Pública para apoyar la devolución de los créditos otorgados a los pequeños productores y que opera de la misma manera que la garantía de los grandes productores. (Parece, incidentalmente, que el esquema de fomentar la compra de casa propia no tuvo la demanda que se publicitó).

  Una tercera parte del fondo de garantía son 50 millones de dólares que no se prestarán del total de recursos de 150 millones asignados a toda la operación, que supuestamente favorecerá a los pequeños y medianos agricultores. Estos 50 millones los invertirá la SAFI Unión para que en 12 años, al 5% de interés anual, logre la capitalización que produzca 40 millones de retorno. Curioso uso del 5% que la SAFI Unión podrá obtener frente a los actuales retornos que obtienen las AFP, que no superan el 3% nominal. Los 40 millones referidos son los que el Ministro Luis Arce considera serían los únicos que se perderían de los ahorros de los afiliados a las AFP, en el peor escenario, aquel en que los prestatarios no honren el repago de los créditos contraídos. Lo cierto es que hablar de una pérdida de 40 millones de dólares ajenos al Gobierno ¿no significan gran cosa? (muchas escuelas y hospitales)

  La información gubernamental acerca del uso de recursos ajenos ha llegado gota a gota, como para marear a la perdiz, con medias verdades para mostrarse como paladín de los pobres agricultores, que con estos créditos comprarán, incluso, maquinaria agrícola. Así, para enmarañar más la delusoria y complicada ingeniería financiera, se añade la formación de un fondo financiero cerrado (fondo de destinos fijos y preestablecidos de instrumentos financieros emitidos por específicos emisores de los valores que lo componen), en el que -aún no lo explicaron expresamente las autoridades- se invertirán los 50 millones de dólares, además de, supongo paulatinamente, los montos de garantía (30% y 30%) de los grandes agroindustriales y de las utilidades de la banca, en la medida que se desembolsen los créditos a los agricultores pobres. O, tal vez, estos montos sólo aparezcan cuando no se honren los créditos. Ya lo explicarán en un próximo capítulo de esta engorrosa historia.

¿Quiénes se deben preocupar de estos usos subrepticiamente autorizados por un inciso injusto, inconsulto y que otorga mano libre (o mano neoliberal) para autorizar el uso de los ahorros pensionales? Debe preocuparse todo aquel que cotizó en las AFP: jubilados y por jubilarse, aportantes jóvenes y viejos, porque es su plata de la que quiere disponer discrecionalmente el Gobierno en concomitancia con poderosos sectores empresariales (en el Cuadro se muestra la composición por edades y sexo de los actuales afiliados a las AFP). Redondeando, son dos millones 48 mil personas, de las cuales más de un millón doscientos mil son hombres y más de 755 son mujeres. Dos terceras partes del total de afiliados tienen entre 21 y 50 años, o sea, les falta años para jubilarse y pueden ser los más perjudicados.

  Se ha indicado que no hay otros destinos para que se inviertan financieramente los aportes acumulados en las AFP, que superan los 14 mil millones de dólares (monto superior en casi cuatro mil millones a las reservas internacionales del Estado Plurinacional). Parece que las empresas estatales no calificarían por su nivel de riesgo como para emitir bonos que puedan comprar las AFP. Parece que tampoco otros agroindustriales, fuera ya de los que ya emiten bonos. Menos aún otros empresarios que pueden ser convocados por los cruceños gestores del gran esquema que intentamos explicar aquí. ¿Y que tal si el gobierno socialista invita a los grandes productores públicos y privados, y a la banca para que rompan su privilegiado club de millonarios emitiendo acciones que, además de permitir diversificar los fondos de pensiones, aún administrados por las AFP, democraticen sus instituciones, haciendo participes de su solvencia  a 1.876.121 aportantes dependientes y 171.828 independientes?  

 Así se olvidarían de jugar con los ahorros ajenos y mostrarían mayor solidaridad con sus trabajadores. Sin duda que con sus jugosas utilidades los dividendos pagados beneficiarían a la esmirriada rentabilidad que ahora obtienen los fondos destinados a las pensiones y se hablaría un idioma más claro lejos de medias verdades, que como las medias vírgenes no existen.

Alberto Bonadona Cossío es economista
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