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Alfonso Gumucio Dagron
Quien calla otorga

¿Elección o referendo revocatorio?

¿Elección o referendo revocatorio?
Al paso que vamos, las elecciones judiciales se convertirán en un referendo revocatorio. Poco importa su recién anunciada postergación, hasta el 3 de diciembre, porque independientemente de la fecha, el acto electoral será a todas luces un referendo contra el Gobierno a través del voto en blanco. 

 No se necesita ser especialista ni politólogo para darse cuenta de lo que está pasando. Que tenga la etiqueta #22O o #3D, el resultado será el mismo si no se invierte inmediatamente la pirámide montada por la Asamblea Plurinacional y no se introducen cambios sustanciales en la primera parte del proceso. 

 Vamos al grano: el meollo de las elecciones judiciales es que la preselección de candidatos está nuevamente en manos del partido de gobierno y eso contamina todo el proceso. Basta ver las fotos de González, Montaño y Rivero de la Asamblea Plurinacional hablando de las elecciones para desconfiar. Los personajes no gozan de ninguna credibilidad porque han supeditado el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. 

 El MAS ya metió la pata hasta la cadera en las elecciones judiciales de 2011 y está haciendo lo propio ahora. Aunque se dice que nadie tropieza dos veces en la misma piedra, ese afán poco disimulado de copar el sistema de justicia para mantener abierta la posibilidad de que Evo Morales se presente (contra la Constitución, contra la ley y contra toda lógica democrática) como candidato en 2019, ha sido percibido por la población, tanto por quienes están a favor como en contra del eterno candidato.

 La desconfianza en el proceso de preselección de candidatos y la falta de transparencia de los mecanismos controlados por la mayoría masista en la Asamblea Plurinacional ha contaminado irremediablemente el proceso de estas elecciones. 

 Sería mucho más barato designar jueces directamente, como se hacía antes y como se hace en todo el mundo, en lugar de montar un circo supuestamente democrático pero que en los hechos resulta siendo todo lo contrario. De ahí que cuando uno escucha a personeros del gobierno decir con orgullo que somos "el único país que elige a sus jueces” suena más ridículo que revolucionario. 

 La falta de credibilidad y el escepticismo predominante en la población se debe a dos factores de primer orden en el proceso de preselección de candidatos:  

 Primero: al cerrarse el plazo de presentación de candidaturas, tenemos 492 aspirantes, 73% de los cuales trabajan para el gobierno de Evo Morales. Que sean funcionarios no sería un problema en un Estado donde se respete la independencia profesional, pero este régimen se ha caracterizado por exigir "fidelidad” política a quienes contrata. El puño en alto los delata.

 Segundo: a pesar de la participación de las universidades en la elaboración de los cuestionarios para los precandidatos, la decisión final estará en manos de la Asamblea Plurinacional, que sigue las consignas del Ejecutivo. Los 40 puntos de la evaluación de méritos son pocos si se compara con los 30 puntos del examen escrito, que no será calificado por las universidades sino por la misma Asamblea Plurinacional (¿con qué conocimiento científico?), y con los 30 puntos asignados a la entrevista final, que también está en manos de la directiva masista. 

 El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) recibirá una papa caliente (y podrida), pues está obligado a conducir unas elecciones judiciales en las que la mayoría de la población ya no cree.
 
Y encima, el Ministro de Hacienda ha decidido quitarle recursos al TSE y poner en riesgo el proceso electoral, reduciendo el presupuesto de 155 a 106 millones de bolivianos (y luego de arduas negociaciones a 137 millones).  Ese dinero es esencial para una amplia difusión de méritos que permita informar a la población no solamente sobre los candidatos, sino sobre las competencias de los órganos judiciales. Para ello la capacitación de periodistas es también de la mayor importancia. 

 Lamentablemente, en el torbellino electoral la población no logra distinguir cuáles son las responsabilidades de la Asamblea Plurinacional y cuáles las del OEP, y al calor de la desconfianza creada por el MAS en la ALP, lo más seguro es que el OEP pague las consecuencias, sin merecerlo. 

 Por mucho esfuerzo que haga el OEP para llevar adelante un proceso transparente y bien informado, el presente griego que recibe de la ALP está envenenado, plagado de irregularidades, cubierto de un manto de desconfianza y carente de credibilidad. 

Alfonso Gumucio Dagron es comunicador social, experto en comunicación para el desarrollo.
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