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Editorial

Otro perjudicial paro de la CNS

Otro perjudicial paro de la CNS
La Caja Nacional de Salud (CNS)  está nuevamente en paro nacional. Esta vez es por tres días y se tomó en rechazo al nuevo gerente de esa entidad, Juan Jordán, y demandando que se cambie a la ministra de Salud, Ariana Campero.

El año pasado, con el propósito de  retirar a otros directivos, los administrativos acamparon en El Prado de La Paz durante los largos días que duró su  paro. Este tipo de  acciones se realiza de forma periódica en la Caja Nacional, siempre buscando fines nimios o particularistas, en todas las regiones el país. Obviamente, los que sufren el impacto de estas determinaciones son un sector bastante  vulnerable y afectado por un sinnúmero de carencias: los enfermos afiliados a este seguro de salud pública (solamente en Santa Cruz  la CNS tiene 800 mil asegurados).

Aunque, como dijimos, la CNS viene atravesando una crisis durante los últimos años, la última gestión  ha sido particularmente penosa para la institución. Ha habido un abuso en el derecho a huelga y paro, que se enarbola sin ningún miramiento o respeto por las personas a las que se debe servir, es decir al ciudadano delicado de salud.

Las huelgas organizadas por la CNS, ya sea por personal administrativo o médico, han sido tan permanentes,  que  el prestigio de la entidad  ha caído ya a niveles inéditos. 

Eso no le preocupa a los deshumanizados sindicatos, que protegen fervorosamente sus intereses sectarios y poco les importa cómo los califica la opinión pública y, menos, ayudar a los miles de pacientes que requieren de sus servicios cada día en todo el país.

 La CNS es una fuente de corrupción y negligencia. Con todas las excepciones que puedan haber, en general el maltrato, la falta de recursos y las irregularidades son la norma. El "sistema de gobierno” de la Caja, con presencia de delegados del oficialismo y de los trabajadores, impide una buena gestión y favorece la opacidad en las acciones de sus ejecutivos.

Se necesita una reforma del sistema de salud del país en general  y, específicamente, de la Caja Nacional de Salud que, como han sugerido diversos sectores,  debería ser intervenida. Así como otros funcionarios públicos no tienen derecho a realizar paros, debido a que trabajan en la administración central, se debería intentar la aprobación de una norma que prohíba la realización de huelgas de los trabajadores que tengan a su cargo la provisión de servicios que se refieren a derechos humanos básicos, como es el acceso a la salud.  Esto se discute desde los años 60 en Bolivia, pero la capacidad de chantaje de los sindicatos ha hecho imposible su ejecución. 

Con todo,  esta es una medida necesaria. No se puede tener a los enfermos del país a expensas de grupos sindicales minúsculos, con una gran capacidad de movilización y afectación al Estado y al resto de la sociedad.

No se puede seguir aceptando que si a las dirigencias sindicales de médicos y administrativos no les gusta "la cara” de alguna de sus autoridades o sienten que estas amenazan su poder, se lancen a estos perjudiciales y dañinos paros que ponen en una situación todavía más precaria a miles de ciudadanos.

En conclusión, la crisis de la Caja Nacional  es la crisis de todo el sistema de salud pública, que  demuestra así su colapso.

La salud pública es otra de las grandes deudas y paradojas del actual Gobierno (heredada de otras administraciones y no resuelta en más de una década): siendo un derecho humano y un servicio elemental para el desarrollo y la calidad de vida, la salud pública ha crecido en número de afiliados exponencialmente, pero ha bajado a niveles de riesgo su calidad y capacidad.

Una vez más hay que apelar a la coherencia en las autoridades que deben intervenir decidida y definitivamente para resolver este largo y penoso conflicto: no es posible que el principal sistema de seguridad pública se haya convertido en un botín que se disputan facciones -todas irresponsables e indolentes- de una entidad fracturada, colapsada e insostenible. Es hora de actuar. 

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