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La violencia sexual contra menores

La violencia sexual contra menores
Bolivia tiene un triste prontuario en lo que respecta al respeto de los derechos de los niños y adolescentes. Las cifras de abusos y maltratos a menores de edad es además de elevada, muy cruenta: según datos de la Defensoria del Pueblo, cada año se registran 14.000 casos de violaciones a niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

Ante esta realidad y ante la recurrencia de casos que consternan a la ciudadanía, especialmente en cuanto a abusos sexuales, maltrato en el hogar y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, muchas instituciones y ciudadanos particulares han hecho una serie de propuestas destinadas, por un lado, a reforzar las sanciones a quienes violen los derechos de los menores de edad y, por otro, a impulsar acciones de sensibilización que permitan una toma de conciencia ciudadana.
 
En este marco, la propuesta del presidente Evo Morales, en sentido de convocar a un referendo para decidir si los casos de violencia sexual contra menores deben ser castigados con presidio perpetuo o no, llega en un momento preciso y abre un espacio para el debate.
 
La mayor condena en el país -reservada para asesinos, feminicidas y traidores a la patria- es de 30 años de prisión y no está contemplada la cadena perpetua. Pero, al mencionar las reformas convenidas en junio de 2016 durante la Cumbre Nacional de Justicia Plural, el presidente Morales adelantó: "Veremos en su momento cómo llamar a un referéndum sobre la cadena perpetua para quienes violan a niños y a niñas”.
 
El mandatario afirmó estar consciente de que instaurar la cadena perpetua requiere la modificación de la Constitución, pero afirmó que "el pueblo soberano, con su voto, puede decir cómo enmendarla”.
 
Con ello y ante la susceptibilidad que existe en este momento de que cualquier pretexto para  "abrir” la Constitución puede ser aprovechado para habilitar al actual mandatario para un nuevo periodo presidencial -como abiertamente es la intención del partido gobernante-, la discusión de fondo perdió relevancia.
 
¿Cuál   es, efectivamente, la mejor forma para luchar contra los abusadores y violentos que afectan la integridad de niños y niñas bolivianos? Definitivamente, y la experiencia en el mundo entero en este y otros temas lo ha demostrado, no es únicamente encarcelando a agresores, y mucho menos aumentando la dureza de las condenas. Hace falta mejorar las condiciones educativas, empoderar a las familias sobre su responsabilidad de   garantizar los derechos de los niños y ofrecer mejores condiciones alternativas a aquellos  que no tengan familias nucleares formales para que se preserve su integridad. La aplicación de la ley y de los códigos de defensa de los niños es igualmente fundamental.
 
Por otro lado, la incorporación de medidas como la cadena perpetua, además de requerir una reforma constitucional que debe ser analizada, abre otra compuerta cuestionable y es la de la desproporcionalidad de las condenas, que en casos como los abusos a menores es susceptible de presentarse. 
 
En resumen, incorporar este tipo de reformas no debe ser parte de un discurso demagógico en un momento especialmente delicado en lo político. Reformas como la que se analiza debieran ser  parte de un estudio serio de aplicación de justicia que claramente no se está dando en el país.
 
Todos coincidimos  en la necesidad de poner freno a los abusos sexuales y de otro tipo contra los niños, niñas y adolescentes bolivianos, pero esta tarea  no será resultado de la implementación de cadenas perpetuas -que además están siendo cuestionadas y desechadas en las constituciones de gran parte de los países del mundo-  sino de condiciones que parten desde la educación, la situación económica y una correcta administración de justicia.  
 
En un momento delicado, en el que la agenda política y electoral parece una vez más haber adquirido supremacía, no es conveniente alentar estas reformas, exentas, por lo demás, de un necesario debate informado. Los riesgos pueden ser peores que los males a resolver.
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