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Editorial

Penetración ilegal en áreas protegidas

Penetración ilegal en áreas protegidas
Una reciente investigación de Página Siete, presentada en forma de separata, sacó a la luz las numerosas acciones y medidas tomadas por el gobierno de Evo Morales que facilitan la penetración empresarial y estatal a los parques nacionales y territorios indígenas.

La vocación extractivista del Gobierno, que parece entender el desarrollo exclusivamente como el que proviene de la explotación de los recursos naturales, específicamente  del petróleo, ha hecho que se aprueben medidas normativas para aumentar la "frontera petrolera” del país y, para ello, se ha planteado ingresar a las áreas protegidas.

El suplemento enumera varias medidas gubernamentales en ese sentido. Por ejemplo, el DS 29130, de 2007, que aumentó de 11 a 21 los bloques de explotación en favor de YPFB; nueve de ellos ubicados en parques nacionales o territorios indígenas. En 2010 se promulgó el DS 0676, que incrementó la frontera petrolera de 21 a 56 bloques, muchos de ellos en parques nacionales.
 
Medidas ampliatorias de esa frontera se dieron 2012, cuando se permitió el ingreso a empresas extranjeras. En 2015 los bloques hidrocarburíferos autorizados llegaron a 99.

En marzo de 2015 las cosas se agravaron. Se promulgó otro decreto, el 2298, que modificó el DS 29033 referido al Reglamento de Consulta a Pueblos Indígenas, que autoriza procesos más acelerados y establece que si representantes indígenas no se presentan a las reuniones de información, las petroleras pueden iniciar las tareas de exploración.

Después vino la estocada final: el DS 2366, también de 2015, que directamente legalizó la exploración en todas las reservas naturales y áreas protegidas.

Estas acciones son, claramente, inconstitucionales y representan un enorme agravio a los derechos de los pueblos indígena originarios, sin mencionar el potencial daño ambiental.

El resguardo de áreas protegidas y territorios indígenas es regulado por la CPE, especialmente en sus artículos 2, 30 y 403, que señalan que las comunidades indígenas tienen el derecho de vivir en un medioambiente sano, con manejo y aprovechamiento de sus ecosistemas. Asimismo, establece la consulta previa a estos pueblos para realizar el aprovechamiento de los recursos naturales. La Constitución también señala que los territorios indígenas deben ser administrados por sus propios pueblos, que son los propietarios de los mismos.

Por otra parte, la Ley 1333 de Medio Ambiente (de 1992), en su artículo 61, establece que las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social. Además, deben ser administradas según sus categorías y zonificación con base en planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus recursos naturales.

Lamentablemente, todas estas protecciones no se están respetando. No sólo que no existe una coherencia entre el discurso que promueve el Gobierno en torno a preservar los derechos de la Madre Tierra -que implica, obviamente, cuidar el frágil equilibrio ecológico que compromete el bienestar no sólo de comunidades cercanas sino de todo el país- y proteger los derechos de los pueblos indígenas originarios, uno de los cuales es participar  de estas decisiones de forma informada, sino que con acciones como las que se comenta, el Estado está recurriendo a una forma jurídica basada en decretos supremos -cuya jerarquía es menor que la ley- para reconfigurar las reglas de juego.

El argumento es que estas acciones se justifican con el desarrollo del país -el Vicepresidente ya ha dicho que no podemos ser "guardabosques” del capitalismo; y el Presidente sostiene que "tenemos todo el derecho de hacer exploraciones en áreas protegidas”-, lo que debe ser contrastado con las consecuencias a largo plazo. Estamos viviendo un cambio de época en las premisas de desarrollo, por el impacto del calentamiento global y la crisis de sostenibilidad ambiental de los que ninguna nación se puede eximir. No seremos nosotros, los bolivianos, quienes nos ceguemos a esta realidad por los beneficios inmediatos del extractivismo depredador.
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