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Editorial

El futuro hipotecado a los cocaleros

El futuro hipotecado a los cocaleros
El presidente Evo Morales se declaró "orgulloso” en el acto de promulgación de la Ley General de la Coca, que aumenta la superficie legal de cultivos de 12.000  a 22.000 hectáreas. No es para menos; la flamante y polémica ley es una histórica reivindicación del sector cocalero del  Chapare, del que el Presidente es el máximo dirigente.

Sin embargo, lo que enorgullece a Morales  es para el conjunto del país un motivo de preocupación y hasta de vergüenza,  porque la coca legalizada, según cálculos oficiales, es la materia prima de la cocaína.

La Unión Europea dio el primer indicio de este nuevo escenario al anunciar que "redireccionará” su cooperación a tareas de interdicción al narcotráfico y dejará de apostar por el desarrollo alternativo. Esta decisión lleva implícito el mensaje de que en Bolivia aumentará la producción de cocaína con la vigencia de la  ley. Europa tiene motivos para preocuparse, puesto que, según fuentes diplomáticas, el 94% de la cocaína boliviana va a ese continente.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que acudirá a la próxima reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, a celebrarse este 13 de marzo en Viena, "con la frente en alto”. Con esa premura, el Gobierno hizo aprobar la nueva Ley de Sustancias Controladas y puso en agenda el Nuevo Código Penal, con lo que completará el cuerpo legal que durante casi tres décadas estuvo concentrado en la Ley 1008.

El Gobierno tiene el desafío de convencer a la comunidad internacional de que las 22.000 hectáreas de cocales legalizadas son necesarias para el consumo tradicional. No será tarea sencilla tomando en cuenta que la propia ONU establece en sus informes que el 93% de la coca del  Chapare no pasa por el mercado legal, lo que en lenguaje directo significa que va al narcotráfico.

En el plano interno, el Gobierno ha desplegado una fuerte campaña para acusar a opositores y analistas de "doble moral” porque, según Álvaro García Linera, en el pasado mantuvieron la boca cerrada pese a que los gobiernos que le antecedieron permitieron hasta 37.000 hectáreas de cocales.

Al hacer esta acusación, el Gobierno omitió el importante dato de que los productores de esa cantidad de coca eran los cocaleros del  Chapare, es decir, el mismo Morales y los afiliados de las seis federaciones del trópico.

La ley fue promulgada sin el apoyo orgánico de las federaciones de los Yungas, que rechazan la legalización  para el Chapare y se consideran los únicos productores tradicionales, por lo que creen tener el derecho exclusivo de producir más hoja.

La nueva norma legalizó 7.300 hectáreas para el     Chapare sin que medie ninguna presión, puesto que fue el dirigente de los cocaleros, que a su vez es Presidente del Estado, quien decidió la cantidad sin ningún estudio que le respalde. Para los Yungas se legalizaron 2.300 hectáreas extras en medio de una fuerte presión, al margen de las 12.000 ya reconocidas en la Ley 1008, con lo que la extensión en esa región llega a 14.300 hectáreas.

Sin embargo, un dato que esconde el Gobierno es que, si bien los Yungas tienen el doble de hectáreas que el Chapare, en los hechos, ambas regiones producen la misma cantidad de coca porque en el trópico de Cochabamba el rendimiento es mayor. Este dato es importante porque esa coca no se usa para el acullico tradicional.

Durante la promulgación de la ley, Morales expresó además su deseo de que la coca se industrialice, que se abran mercados de exportación y que el pijcheo se extienda por todo el mundo. Sus tres anhelos son imposibles de cumplir porque la coca está en la lista de estupefacientes de la ONU y no puede traspasar las fronteras.

En cambio, sí existen elementos de juicio para creerle a Morales cuando afirma que con esta ley se busca garantizar "coca de por vida”. Resultará casi imposible que algún Gobierno se atreva a derogar la norma porque el costo social sería muy alto. Los cocaleros, seguramente, defenderán con su vida la herencia de Morales. Esto quiere decir que el Presidente deja hipotecado, en manos de los cocaleros, el futuro de los bolivianos.

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