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Editorial

Sentencia contra Leopoldo Fernández

Sentencia contra Leopoldo Fernández
Tras estar detenido durante ocho años y medio y juzgado durante seis, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz dictó un fallo de 15 años de privación de libertad en la cárcel de San Pedro contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández. La exautoridad estaba acusada de los delitos de asesinato, terrorismo, asociación delictuosa, lesiones graves y leves y homicidio. Fue hallado culpable por este último delito.

El caso se remonta a 2008, cuando el país vivía una etapa de alta inestabilidad, provocada por la arremetida opositora del oriente y sur del país contra el gobierno de Evo Morales. En medio de la ola de protestas y presiones desatada contra el régimen por los movimientos cívicos se produjo un confuso enfrentamiento que segó la vida de 11 campesinos y normalistas y dos funcionarios prefecturales. Incluso la cifra de fallecidos está en entredicho, ya que una versión señala que murieron nueve campesinos, no 11. Todo ello ocurrió el 11 de septiembre de 2008.

Aunque existen muchas dudas sobre  cómo se produjeron los hechos, estos se desarrollaron básicamente así: una marcha campesina organizada partió desde Filadelfia, Beni, con rumbo a Cobija para presionar al entonces prefecto Fernández e intentar tomar su despacho. Para evitar su llegada, personal prefectural cavó una zanja en la carretera, en la zona Porvenir, lo que hizo que la columna de campesinos quedara retenida allí. Luego hubo intercambio de disparos de armas de fuego, con un saldo claramente mayor de muertos para el lado de los campesinos: 11 de ellos fallecieron, junto a dos funcionarios, también muertos por tiros de bala.

Con una justicia ineficiente y dominada por el poder político como la que tenemos en Bolivia no se puede saber si Fernández conocía de la decisión de realizar la zanja ni si dio alguna orden para que se abriera fuego contra los marchistas; aunque la participación de líderes cívicos pandinos fue evidente. Su versión señala que, más bien, al conocer que había un grupo de adherentes al MAS retenido allí, intentó negociar para evitar la violencia.El mismo día de los hechos, el presidente Evo Morales lo acusó de haber ocasionado la tragedia.

Las responsabilidades políticas, aunque difíciles de identificar, también deben ser analizadas. En primer lugar, la dirigencia opositora de los departamentos de oriente y sur, identificados en su momento como parte de la "media luna”, efectivamente desplegó una ola de violentas protestas, destinadas a restarle estabilidad al gobierno de Morales. Esto incluyó bloqueos carreteros, intentos de explosionar gasoductos, tomas y saqueos de instituciones, entre otras medidas. Por otro lado, el régimen se mostró incapaz de conducir negociaciones con los insubordinados y, por su parte, ordenó otras acciones criticables, por ejemplo, organizar la marcha mencionada para intentar la toma de la Prefectura pandina. 

Junto a las autoridades y los cívico pandinos, Juan Ramón Quintana fue también responsable por esos hechos y no ha sido juzgado todavía por ellos. En esos días también dio un turbador y eufórico discurso en el que pidió que Leopoldo Fernández "sea enterrado” y que "conviva con los gusanos”. El Estado no actuó con neutralidad en este caso.

Fernández también tiene responsabilidad política por haber sido, precisamente, parte de la tendencia opositora que buscaba mediante vías violentas desestabilizar el gobierno de Morales.
Si tuvo, además, responsabilidad material o intelectual en las muertes de Porvenir, es algo que ni el Ministerio Público ni el juzgado encargado han podido demostrar.

El exdirigente político está detenido ya durante ocho años y medio. Varios de sus acusadores se retiraron del caso ante las irregularidades surgidas y la evidente presión gubernamental contra los jueces (es de todos conocido que el Gobierno domina  a los fiscales). Si ya no es acusado de asesinato y, menos, de masacre o genocidio, este líder político opositor debería salir libre puesto que el tiempo que ya lleva detenido está acorde con la acusación de homicidio. Si eso no fuera aceptado, debería poder defenderse en libertad mientras prosiguen las apelaciones.
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