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Editorial

El derecho al aborto y el Código Penal

El derecho al aborto y el Código Penal
Aunque el proyecto de Código del Sistema Penal presentado recientemente por el MAS tiene diversos aspectos importantes, como priorizar la oralidad de los procesos judiciales e intentar limitar las suspensiones irregulares de las audiencias y otras formas de "chicana  jurídica”, el tema que más ha generado interés es el que se refiere al establecimiento de nueve causales específicas para demandar un aborto.

No es extraño: si hay un tema que enciende pasiones extremas es el de la despenalización del aborto, cuya práctica actualmente se castiga con hasta seis años de cárcel en Bolivia.

El proyecto de ley -que aún está sujeto a discusión- propone que la mujer no sea penalizada al solicitar la interrupción del embarazo durante las primeras ocho semanas de gestación si se encuentra en situación de pobreza extrema, si no cuenta con recursos para su manutención o la de su familia,  si es madre de tres o más hijos o si es estudiante.

La normativa también establece casos  en los que se podría acabar con el embarazo durante cualquier etapa de la gestación: el riesgo de la vida de la mujer, la prevención de su salud integral, la inviabilidad del feto, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto y si la embarazada es niña o adolescente.

 Varios de estos aspectos propuestos generan dudas. La norma considera al aborto como un derecho para la mujer, pero lo establece de manera no igualitaria, garantizándoselo sólo a aquellas que están en el sector social de "extrema pobreza” y similares. Aquello no tiene sentido, tanto por razones prácticas como legales: las primeras están referidas a la dificultad que existe para saber si una mujer es pobre o no para acceder a ese derecho.

Luego, si las autoridades deben confirmar que lo es, podrían pasar semanas valiosas antes de que se realice el procedimiento. Las razones legales tienen que ver con que la Constitución expresamente señala que los derechos no pueden estar limitados por la condición social de las personas.

También la manera cómo está redactada la norma puede causar confusión sobre cuándo exactamente existiría la "inviabilidad del feto” o incluso qué significa eso exactamente. Asimismo, permitir el aborto en cualquier etapa del embarazo puede generar riesgo para la vida de la madre.

Sin embargo,  se entiende que toda ley debe estar acompañada de sus respectivos reglamentos, donde se podrían definir estos y otros aspectos.

Con todo, el proyecto de ley es favorable y el debate al respecto es necesario. Favorable porque aumenta el derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo en diversas situaciones que son reflejo de lo que las cifras de salud pública muestran (sin mencionar que, como también se sabe, el aborto clandestino es el más frecuente y riesgoso).

Y el debate es necesario pues nos demuestra el grado de intolerancia predominante en nuestra sociedad. Lejos de centrar la discusión en el ámbito de la salud pública, como estamos obligados a hacer debido a  la cantidad de mujeres que mueren por la práctica ilegal de abortos (solamente en La Paz se registraron más de 4.000 abortos en 2016, de los cuales el 10% fueron practicados a adolescentes), la discusión se reduce a visiones políticas y religiosas, que aunque importantes, pues el tema del aborto atañe al sistema de valores y creencias de muchos, no pueden ser determinantes para la formulación de políticas públicas y leyes en una sociedad que se pretende laica y pluralista.

Si bien es probable que esta nueva iniciativa, o una parte de ella, no consiga ser aprobada precisamente por la presión social y política, es importante impulsar la evolución del debate al respecto e instar a que se asuma que la realidad continúa afectando a las mujeres bolivianas sin que el Estado y las leyes puedan, efectivamente, garantizarles protección y respeto.

El proyecto presentado debería simplificarse en diversos aspectos como los señalados y establecer una manera más universal y genérica para los casos en los que la mujer pueda recurrir a un aborto.
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