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Editorial

La OEA, Venezuela y el bloqueo de Bolivia

La OEA, Venezuela y el bloqueo de Bolivia
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sigue encabezando la lucha a favor de la democratización de Venezuela. Y su trabajo está dando frutos. Días después de que distribuyera un informe sobre la situación institucional de ese país, 14 naciones de la OEA emitieron una declaración en la que demandan la realización de elecciones en Venezuela bajo el riesgo de que ese país sea suspendido como integrante si no se acoge a la sugerencia.

El informe de Almagro realizó un repaso sobre la situación venezolana, denunciando la existencia de presos políticos, la negativa del Gobierno para  llamar a elecciones y el mal uso del  diálogo como una herramienta para eludir los problemas. El presidente Nicolás Maduro rechazó el informe.

Respecto al revocatorio, el informe de Almagro expresó que "el Gobierno antepone su interés de mantenerse en el poder por encima de la voluntad de los electores”; agregó que "ha quedado atrás el tiempo del revocatorio (…) y que la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino”, es decir, la convocatoria a elecciones generales.

Aceptando las conclusiones de ese reporte, 14 países de la organización firmaron la declaración.
"Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”, dice el texto, firmado por los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. 

En ese marco se desató la más reciente crisis, que tuvo como protagonista al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, el cual, de un solo plumazo, se adjudicó las atribuciones de la Asamblea Legislativa, acción que fue calificada como un golpe judicial por países e instituciones defensoras de la democracia en mundo.   

En medio de una ola de rechazo a la acción del TSJ, más de 20 países pidieron una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la OEA que, casualmente, empezaba a ser presidido por el embajador boliviano, Diego Pary, un aliado incondicional del gobierno de Nicolás Maduro.

Pary optó por suspender la reunión convocada, pero los países que habían pedido su instalación decidieron llevarla adelante con la presidencia del representante de Honduras.

Tanto Bolivia como Venezuela y Nicaragua irrumpieron en la sala para denunciar que se estaba perpetrando "un golpe”  contra la presidencia del Consejo, pero no pudieron evitar lo que ellos ya temían, que se aprobara una declaración en la que se denuncia la alteración del orden constitucional en Venezuela, país al que instan al retorno democrático.

  La declaración pretende que el TSJ, que responde a Maduro, devuelva sus plenas competencias a la Asamblea Nacional, las que fueron arrebatadas inconstitucionalmente.

 El apoyo incondicional de Bolivia sumado al intento de bloqueo han dejado al país muy mal parado ante la comunidad internacional, que defiende la democracia como único sistema capaz de garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos.

 Por otro lado, el embajador Pary ha demostrado su falta de experticia en diplomacia y ha merecido las críticas incluso de legisladores de su propio partido  porque ha puesto a Bolivia ante los ojos del mundo como un país aislacionista.

Un día después, el propio canciller boliviano, Fernando Huanacuni, reivindicó la presidencia del Consejo Permanente para Bolivia, pero ya quedó ante los ojos de la región como un país poco serio y capaz de romper las reglas de la institucionalidad de la OEA.

Lo crítico del asunto es que, con OEA y sin ella, con Bolivia y sin ella, Venezuela sigue sumida en una crisis que no encuentra cauce de solución y que sigue violando los derechos de sus ciudadanos.
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