La Paz, Bolivia

Viernes 20 de Octubre | 21:18 hs

Recuerde explorar nuestro archivo de noticias

Con denuncias, pero sin renuncias

Con denuncias, pero sin renuncias
Cuando una autoridad es objeto de una denuncia o investigación  o cuando ésta ha procedido de una forma reprochable, lo natural es que se la margine de sus funciones mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Incluso, cuando las denuncias atañen a la institución que dirige y no específicamente al funcionario, lo sensato es que sea la misma autoridad la que  se automargine, presentando una renuncia o poniendo a disposición su cargo.
 
En la cultura e historia de la política y democracia boliviana sucede exactamente lo opuesto. Aún con denuncias graves, las autoridades no son removidas de sus cargos. Si son "censuradas” por la Asamblea Legislativa o llamadas a dar explicaciones, salen prácticamente vitoreadas por el oficialismo. Las máximas autoridades del Gobierno, a pesar de que pregonan una tolerancia cero a la corrupción o a las malas gestiones, son permisivas con sus colaboradores e incluso sucede, especialmente con el Presidente, que precisamente porque se los critica, los ratifica en sus funciones.
 
Pasó con  ministros como Juan Carlos Calvimontes, de la cartera de Salud, quien violó todo principio de ética y de protección de la privacidad del paciente, al revelar de forma abusiva y públicamente  la enfermedad que padece el ex magistrado Gualberto Cusi. Calvimontes fue apoyado y ratificado en el cargo ante la ola de críticas y cuando se produjo el cambio de Gabinete no se quedó cesante, pues fue nombrado director de un hospital  público en Santa Cruz.
 
Sucedió también con la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras  Nemesia Achacollo, quien fungió como presidenta del directorio del cuestionado Fondo Indígena. Luego de muchas evidencias de irregularidades, fue interpelada en la Asamblea Legislativa y salió ovacionada.  Su destitución se produjo solamente cuando las presiones y acusaciones fueron insostenibles.
 
Ahora, el contrato suscrito por YPFB con la empresa italiana Drillmec por la compra de tres taladros por 148 millones de dólares es motivo de otro escándalo. 
 
Se ha abierto una investigación en la estatal petrolera por la cual no sólo ha sido suspendido el contrato, sino que han sido detenidos preventivamente seis exfuncionarios a quienes se los procesa por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. 
 
 Hace pocas horas, el Ministerio Público imputó a la ex gerente legal corporativa, Cynthia Novillo, y le dio detención preventiva por los mismos delitos.  En el proceso los abogados sostienen que Novillo desconoció el "reglamento de contratación de bienes y servicios especializados en el extranjero”.
 
Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de varios llamados de atención de analistas y opositores, el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, continúa en funciones y gozando de la confianza de sus superiores. Aunque en determinado momento de este nuevo escandaloso caso de corrupción e irregularidades que atañe a YPFB, puso su cargo a disposición del Presidente, éste le dio su respaldo.
 
No es posible aseverar nada sobre su culpabilidad o inocencia, pero ante tamaño escándalo, sería saludable que se pusiera también a disposición de la justicia y la investigación. Resulta, cuando menos difícil de creer, que la máxima autoridad de la entidad que realiza los mayores contratos del país  no tenga el cuidado de vigilar cada una de las contrataciones que se realizan, al menos las de mayor cuantía. Debiera, al menos, responder por qué.
 
La rendición de cuentas no es opcional en democracia, y la máxima autoridad de una entidad debe ser  la  primera en ser investigada y de principio apartada de sus funciones, así sea temporalmente. YPFB no sólo es la institución que maneja las mayores cifras de recursos del país, sino la designada por el mismo Gobierno como puntal del modelo de desarrollo. ¿No es momento de sentar un precedente y dejar de mantener el discurso de incorruptibilidad para empezar a demostrarlo? Quizá de esa manera se revierta la creciente opinión ciudadana en sentido de que la corrupción es igual o mayor que en anteriores gobiernos. 
148
8

También te puede interesar: