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Jueces contra una niña y un inocente

Jueces contra una niña y  un inocente
En un acertado diagnóstico sobre la justicia, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo a principios de  2016 que ésta apesta y que se debe trabajar para arrancar ese cáncer de cuajo. A juzgar por los últimos acontecimientos, se podría decir que ese cáncer ha hecho metástasis porque se expresa en todos los niveles, en todo tipo de casos y contra cualquier ciudadano, sea este inocente, menor de edad o anciano.
 
 La sentencia de 30 años de prisión a un inocente y la exposición de una niña ante su violador en una audiencia han generado una ola de indignación ciudadana que ha llevado al Consejo de la Magistratura a destituir a los cuatro jueces involucrados con ambos casos.
 
El Ministerio Público, por su parte, ha suspendido de sus funciones al fiscal que acusó, sin sustento alguno, al joven que pasó dos años en la cárcel de Palmasola, pese a que no conocía a la víctima, no tenía contacto con ella ni por redes sociales y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) había establecido que no existía parecido entre el sospechoso y el detenido. Esa prueba no había sido incluida en el expediente.
 
La jueza que sentenció a Reynaldo Ramírez pidió disculpas por haberlo condenado y argumentó que no se había aportado la prueba que apareció últimamente. Entre tanto, el fiscal que debía investigar el caso y que no cumplió con su trabajo, dijo que actuó conforme a "derecho y procedimiento”.
 
Lo que está claro es que ninguna disculpa le devolverá a Ramírez los dos años de vida perdidos en Palmasola, donde además le tocó vivir sin celda y a veces sin comida. Eso, al margen del daño psicológico que se pudo haber causado al acusado y a su familia, además del estigma con que él tendrá que convivir el resto de su vida.
 
Corresponde al Órgano Judicial tramitar para Ramírez un resarcimiento justo, en lo legal y también en lo económico, para subsanar de alguna forma el terrible error cometido en su contra. Y, de no prosperar esta  vía, Ramírez tendría que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para obligar al Estado a darle un resarcimiento adecuado.
 
El caso de la niña que fue expuesta ante el violador es simplemente innombrable. Las autoridades judiciales, abogados y administradores del citado juzgado que han incurrido en semejante aberración han vuelto a violar a la pequeña de la manera más vil, han ignorado los derechos más elementales de una víctima de abuso sexual, cuya vulnerabilidad aumenta por tratarse de una menor de edad, y ni siquiera se han planteado que podían usar la Cámara Gesell para no exponerla.
 
La audiencia, sin ser declarada como tal, ha terminado siendo un careo entre un violador y su víctima de ocho años. Simplemente inaudito.
 
Cuando se observan estos casos es que nos damos cuenta que todos los avances en materia de derechos son papel mojado. Que por muchas leyes que se aprueben, si éstas no se asimilan para la cotidianidad, no tienen sentido.
 
Amerita que las y los responsables de esta violación de derechos sean sancionados y que la víctima y su familia reciban la protección del Estado para que no reciban alguna represalia del acusado de la agresión.
 
Lo lamentable de ambos casos es que no son los únicos, que seguramente las cárceles están llenas de errores, de seres humanos convertidos en nada debido a la inoperancia, negligencia o corrupción de los jueces y fiscales.
 
Es por eso que urge hacer una reforma en la justicia boliviana, pero ésta no pasa únicamente por preservar la independencia en la selección de candidatos a magistrados, ni por la acumulación de títulos y diplomas, sino, tiene que ver con una revolución ética y de sentido común en los seres humanos que decidirán sobre la vida de otros seres humanos.
 
Un juez con ética y con sentido común sabe que debe pedir la prueba determinante antes de sentenciar a alguien, sabe que no puede exponer a  una víctima ante su agresor, sabe que debe obrar con justicia.
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