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editorial

Alza del precio del gas industrial

Alza del precio del gas industrial
El Gobierno tomó una decisión polémica, que presuntamente viola la Ley de Hidrocarburos 3058: subió el precio del gas natural industrial por encima de los parámetros establecidos por esa norma. 
 
La ley vigente establece que el gas natural no puede costar más del 50% del precio más bajo de exportación. Según información oficial, Brasil compró en el trimestre anterior cada millar de metros cúbicos de gas natural en cuatro dólares y, por lo tanto, el precio a los industriales no podría superar los dos dólares por millar de metros cúbicos.

Sin embargo, en la escala de aumentos, tres de los cuatro segmentos de industrias afectados por esta medida pagarán más de ese precio por ese carburante. Las empresas de la categoría industrial A deberán pagar 1,8 dólares por millar de metros cúbicos, mientras las de las categorías B, C y D tendrán que pagar 2,1, 2,3 y 2,5 dólares respectivamente. 

La Cámara Nacional de Industrias estimó que el alza afectará a miles de industrias que utilizan gas para sus actividades y que el aumento del precio será trasladado a los consumidores. Recordó en una carta enviada al presidente Evo Morales que el sector industrial consume el 50,6% del gas natural boliviano, que genera el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y que emplea a más de 112 mil personas. Los industriales advirtieron también que la medida provocará una pérdida de 200 millones de bolivianos al año y que muchas unidades pasarán a tener déficit. Presentaron un recurso legal con el cual esperan la resolución administrativa sea revertida (lo cual es poco probable).

El Gobierno sostiene que no hay peligro de alza de precios a raíz de la medida, ya que de hacerlo los productos de estas industrias dejarán de ser competitivos. 

Además, como sostiene el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano,  en entrevista con Página Siete, los empresarios e industriales "ya se olían” este incremento pues están conscientes de que estaban pagando precios "de fantasía” (irreales) por el gas. 

Según esta autoridad, los industriales  han manifestado que "evidentemente los precios eran muy bajos” y han aceptado la medida, aunque han pedido ayuda al Gobierno en  otras cosas; por ejemplo, desburocratizar muchos trámites que complican su trabajo, insistir en  la lucha contra el contrabando, además de solicitar  apoyo técnico del Estado. Aunque los empresarios insisten en que nunca han aceptado esta medida, el Gobierno sostiene que "no tiene vuelta atrás”.

Finalmente, Medrano sostiene y exhibe a los medios una lista de las empresas afectadas y explica que el  incremento es escalonado; es decir son unas pocas grandes empresas que se verán afectadas (con un porcentaje no muy alto, además), y que esta subida apenas incidirá en sus gastos operativos.

Como se ha podido comprobar en todos estos años, el Gobierno tiene una lógica que favorece los subsidios y los controles de precios, de manera que no es sorprendente esta decisión. Por lo demás,  en tiempos de vacas flacas, y cuando YPFB tiene una utilidad de sólo 30 millones de dólares al año, es lógico que las autoridades se vean  obligadas a dejar atrás el discurso de la subvención y tomar medidas que antes podían ser calificadas de "neoliberales”.

Es verdad que el precio del gas industrial es bajo, como también es cierto que lo es el de la gasolina o el gas domiciliario. Aunque sea doloroso, un "sinceramiento” de los precios es algo que debería empezar a realizarse.

De todas maneras, sí existe una ley que lo prohíbe, y que dados casos como éste  debe ser reformada. La Ley de Hidrocarburos fue aprobada en un momento de fuertes presiones sociales y de una animadversión por las políticas liberales. Pero una década después de su promulgación, ésta empieza a demostrar sus falencias.

Resta, por lo demás, comprobar que realmente este incremento no repercuta en los precios al consumidor y no tenga impactos inflacionarios.

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