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OEA: ¿financiar la política? Recomendación a debatir

OEA: ¿financiar la política? Recomendación a debatir
En ocasión del primer intento de concertar una nueva ley de organizaciones políticas, la idea de reponer el financiamiento público a las organizaciones políticas fue rechazada por el MAS bajo el argumento de que era inhumano quitar esos 40 millones de bolivianos destinados al sector de personas con discapacidad para, nuevamente, favorecer a los políticos. 

No sirvió el contra-argumento de que, además de la ausencia de límites a la propaganda gubernamental en tiempos de campaña - como ocurre en gran parte de las democracias serias-,   el MAS accedía al financiamiento  indirecto del Fondioc, canalizado a través de las bartolinas, campesinos sindicalizados, interculturales y cocaleros afiliados al partido.  Y es que a tiempo de crearse el Fondo no se imaginó que las organizaciones indígenas y campesinas asumirían un rol protagónico bajo el manto de su instrumento político. Las denuncias más tarde conocidas darían la razón a la suposición de que el Fondioc fungió como una suerte de partida disfrazada de gastos reservados y de campaña discrecionalmente dispuesta para variados candidatos electos y no electos del oficialismo. 

Con esta introducción resulta pertinente referirse a tres  recomendaciones que destacan del último informe oficial de la misión de observación de la OEA al referendo constitucional del 21 F. La primera: la urgente necesidad de encarar  una "auditoría profunda e integral al padrón y que se diseñe e implemente un sistema integral e institucional de depuración y actualización permanente”, asegurando su acceso por parte de las organizaciones políticas antes de toda elección. La segunda se refiere a que el Órgano Electoral tenga la potestad de intervenir en la legislación y la reglamentación de  acceso a medios de comunicación en cualquier campaña, haciendo hincapié en la capacidad de imponer límites a la difusión de obras por parte del gobierno. Acción que en el caso boliviano fue truncada por  el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Recomendación dada a partir de la constatación del costoso e irrestricto uso de propaganda oficial el 21F como en comicios previos.  

La tercera es polémica e "impopular”. Sugiere iniciar la discusión de "una ley de organizaciones políticas que aborde el tema del acceso a medios de comunicación de manera incluyente y el financiamiento de campañas con el fin de mejorar las condiciones – más equitativas-  de competencia”.  A propósito de esta última recomendación, anticipo mi apoyo y pleno acuerdo, ya que obligaría a transparentar el financiamiento de la política, problemática asociada a los más bullados casos de corrupción y a sus efectos sobre  la salud de las jóvenes democracias en la región. 

Queda claro, que el apoyo debiera incorporar controles y techos a los gastos de campaña, a fin de que éste no signifique para unos un apoyo adicional a los recursos "privadamente” gestionados, mientras que, para otros,  represente el único disponible.    

Por otra parte, pese a la interpelación a la "mala política” que dio pie a la antipolítica- igualmente mala - considero que  la actividad política es un "bien público” a proteger y no un "bien privado”. Que  la mediación política es un "mal necesario” para los escépticos, pero ante todo una función imprescindible para gestionar asuntos de interés público en toda sociedad compleja. Que la competencia para lograr la confianza y apoyo electoral de la gente no puede compararse a la guerra publicitaria de "pasta de dientes”, cuyo posicionamiento en el mercado depende de la capacidad financiera del empresariado. Que la falta de financiamiento a la actividad política es decretar su inevitable "privatización”. 

En otras palabras, así como en la economía demandamos la intervención del Estado para regular la distorsión del cruel mercado, con mayor razón en la vida democrática correspondería al Estado actuar para evitar las distorsiones e injusticias de una competencia política electoral, salvaje y desregulada, asegurando así contiendas más transparentes, plurales e igualitarias. La mesa está servida para el debate. 

Erika Brockmann Quiroga es politóloga.
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