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Desde el faro

Porvenir: crónica de muerte e injusticia anunciada

Porvenir: crónica de muerte e injusticia anunciada
Las reacciones ante la sentencia de 15 años para Leopoldo Fernández han sido variadas. Para Evo Morales, el "genocida separatista” merecía la máxima pena, sin enterarse que los cargos de terrorismo y separatismo no hacían parte del juicio. Otra gran mayoría alega por la absolución.
 
 No faltan  los Torquemadas, que sentencian que un latifundista, separatista y racista merecía eso y  mucho más. En medio de tantos criterios sobre un mismo tema, aún a costa de ser señalada como "traidora a la patria”,  me atrevo a dar mi versión, no sin antes evocar los temores que me dominaban cuando,  minuto a minuto, hiciera seguimiento de los hechos noticiosos de ese trágico 11 de septiembre de 2008.

 La muerte de  Pedro Oshiro,  funcionario de la Prefectura pandina y primera víctima de esa jornada, junto a otros cívicos heridos, gatillaría la violencia de Pando, sellando el destino de Fernández. El Prefecto ya estaba en la mira luego de que develara públicamente haber agradecido, pero rechazado, la invitación que le hiciera Evo Morales para sumarse al "proceso de cambio”.

 Desde los micrófonos de una emisora, Fernández suplicaba a seguidores serenarse,  replegarse a sus casas y no sumarse a la violencia. Las fuerzas del orden no intervendrían, pese a su desesperado pedido de auxilio. En Pando, en esa suerte de far west boliviano,  ganaron  la bronca, la venganza, el racismo y las tensiones latentes en torno a un  conflicto que confrontaba al primer gobierno de  Evo Morales con la dirigencia de la "media luna”, mayoritariamente opositora. 

 Pero, ante todo, ganó el frío cálculo de quien, al disparar contra la humanidad de Oshiro, sabía que provocaría la previsible reacción de  un adversario temeroso al retorno del fantasma de la masacre de "Terebinto”, en circunstancias de máxima polarización.  En la estrategia de reposicionamiento del Gobierno, Pando era el eslabón más débil  de una región rebelde por autonomista,  no por separatista.  

Según Brie, autor del documental Tahuamanu, morir en Pando,  contrariamente a la información que le dieran fuentes oficiales, pudo constatar la tenencia de armas en filas de los campesinos e indígenas marchistas, cuya mayoría asumía ser parte de una manifestación pacífica. Eso no se investigó. 

 En octubre del año 2013, Brie  informaba que la abogada acusadora de Fernández  optó por dejar de lado la prueba de la existencia de armas en filas indígenas a fin de no derrumbar los argumentos de su defensa. También lamentaba que instancias de derechos humanos lo hicieran, aunque años después reconocerían los excesos de un juicio ciego a preceptos del debido proceso. 

 También se archivó el informe del perito forense argentino Brailovsky, el cual cuestionaba la seriedad del informe forense certeramente utilizado para precipitar la aprehensión de Fernández.
 
Muy pronto los hechos dejarían mal parado al reporte de la misión de Unasur, el mismo que daba por cierta la tesis oficial, masivamente difundida mediante impactantes y millonarios cortos audiovisuales, por la que se anticipaba sentencia contra el "masacrador de Pando”, comprometiendo con ello la objetividad del  juicio de marras.   

 Fernández ¿separatista? Esa es una acusación que ni Evo Morales  se la cree.  Separatistas, si los hubo,  habrían sido algunos cuantos, cuyas voces estridentes y aisladas se atizaron y magnificaron, cayendo como anillo al dedo a  la estrategia oficial que doblegaría las pretensiones cuasi federativas  de la envalentonada dirigencia del oriente boliviano.

 Lo sabemos, en la corta historia democrática no faltaron zafados, más tarde  autoridades, cuyas fallidas aventuras terroristas y "desestabilizadoras” no merecieron mayor atención ni spots confabulatorios para defenestrar adversarios. En fin, la democracia es generosa. 

 ¿Cuándo se sabrá la verdad histórica de los hechos en éste y otros casos? Para muchos nunca o algún día, de  mediar la acción de  tribunales internacionales. Y es que mientras el sistema de justicia esté bajo sospecha y la judicialización de la política sea un hecho comprobable, correrán muchas versiones sobre el caso Porvenir, bajo el puente de  infamias tejidas desde el poder y de la impotencia "del no poder” acceder a un juicio justo.

Erika Brockmann Quiroga es politóloga y fue parlamentaria. 
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