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Las cosas en su sitio: de exilios e injusticias

Las cosas en su sitio: de exilios e injusticias
"Nunca es tarde para luchar por la justicia y como parte de ella luchar por el retorno de quienes sufren la dureza del exilio político”. Retomo mi columna inspirada por el sentido mensaje suscrito por  Guido Áñez M. (El Deber. Séptimo día)  Él, junto a otros, fue incluido de manera injusta  en el juicio de responsabilidades de Octubre Negro (2003) autorizado por el Parlamento un año más tarde. Los entretelones, contexto  y alcances de esa definición son  poco conocidos, desdibujados por  medias verdades, falsas y ligeras apreciaciones que intentan deslegitimar la institución del asilo al que hoy se acogen cientos de compatriotas.  

 Ese octubre, cumplíamos 21 años de instauración de la era democrática con la esperanza de que exilio, genocidio, masacre sangrienta, entre otros términos, eran cosa del pasado dictatorial. No fue así, éstos cobrarían una dimensión política y existencial  muy distinta bajo la lógica "estalinista” de algunos sectores alineados a un régimen arropado de gran legitimidad  en tiempos de democracia. 

 Como miembro de la Comisión Mixta de Constitución participé en la difícil tarea de analizar, formular y suscribir  el informe autorizando el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los  ministros de Defensa y de Gobierno. La primera votación no logró, por dos sospechosas ausencias,  la mayoría calificada de 105 votos del pleno congresal. Sin embargo, de manera insólita  una forzada segunda votación, al margen de todo procedimiento parlamentario, amplió los cargos a todos los miembros del gabinete, provocando desde entonces un giro radical en la vida de exautoridades y sus familias. 

   El asedio en las calles, el dolor y el reclamo de venganza pudo más que la necesidad de esclarecer la verdad, y buscar justicia. El débil sistema político era prisionero de la razón y sin razón de las multitudes, y de una agenda de octubre que arrancó un decreto de amnistía liberando de toda responsabilidad a la dirigencia, que más tarde aceptaría su estrategia insurreccional. El Mallku reconoció que en Warisata se emboscó a la avanzada de las fuerzas del orden de un gobierno constitucional débil e interpelado. Ese hecho terminó de incendiar la pradera. La confrontación  escalaría y no daría tregua. 

 Corrió la voz  de que sectores del MNR maniobraron para incorporar a todo el gabinete como recurso  para complicar y enredar aún más el caso.  Para el MAS era clave sellar el colapso del sistema político  y descabezar a actores de una generación política con posibilidad de reinventarse en democracia. Allanaron el camino de su proyecto hegemónico y refundacional en ciernes, posicionando  al "proceso de cambio”  por encima de la ley y las reglas democráticas.  

 Este episodio confirmaría y daría luz verde a un juicio plagado de arbitrariedades incompatibles con el principio del debido proceso y de todo sentido de proporcionalidad. ¿Sabía usted que los juicios por casos de responsabilidad política en asuntos de "seguridad nacional”, incluso de aquellos instaurados a las más crueles dictaduras,  nunca  incorporaron a todo el gabinete? No ocurrió en Argentina, ni en otras situaciones más emblemáticas. Cabe recordar, el juicio de responsabilidades a García Meza fue personalísimo. La inclusión del gabinete tuvo que ver con un caso distinto, el polémico decreto de la Gaiba. 

 En el caso de Octubre Negro y la ampliada acusación Bolivia no sentó una  nueva jurisprudencia. La doctrina de derechos humanos no se construye sobre  la suma de atropellos procesales, algunos de los cuales esperan ser revisados en instancias internacionales competentes. No hay razón para presumir de innovadores en asuntos judiciales.     

 14 años después  es posible evocar este episodio, que en la conciencia y fuero interno de algunos dirigentes del MAS fue un exceso. Hoy prevalecen condiciones más favorables para abrir los ojos entonces ciegos de dolor y bronca colectiva. Llegó la hora de poner las cosas en su sitio, luego de evidenciar que el linchamiento judicial es una herramienta cotidiana. Por ello, el pedido de amnistía, de una comisión de la verdad  y de reconciliación es un reclamo justo que suscribo con convicción. 

Erika Brockmann Quiroga es politóloga.
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