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Las venas abiertas de la corrupción

Las venas abiertas de la corrupción
Los escándalos de corrupción en Brasil no cesan. Todos los días la ciudadanía conoce nuevos esquemas de desvío de recursos públicos en todas las instancias del Estado. No se salvan ningún partido político y ningún político. La sofisticación de los sistemas millonarios de robo y la participación de políticos, funcionarios y empresarios son abrumadoras.

La gravedad del problema desnuda la banalización de la privatización de lo público en el corazón del sistema político brasileño. La normalización de esta práctica sólo se explica por su larga historia, reproducida por generaciones, y expandida y profundizada por los partidos políticos en funciones de gobierno, hasta alcanzar las proporciones actuales. 

Hoy los brasileños se preguntan ¿cómo esto fue posible y porqué la ciudadanía no se dio cuenta del robo corporativo y millonario de recursos   que deberían haber sido utilizados para la superación de carencias profundas en el sistema público de educación y salud, de infraestructura y transporte público, de servicios de saneamiento, en vivienda y muchos otros sectores? 

La respuesta a estas interrogantes tienen muchas aristas. Sin duda está la falta de transparencia de la información sobre la asignación de recursos públicos y, consecuentemente, el limitado control de la ciudadanía sobre la toma de decisión, y sobre la asignación presupuestaria. Discusión que se está abriendo en Brasil. 

De igual manera están las falencias en el sistema político como, por ejemplo, el financiamiento privado de las campañas de los partidos políticos, la gobernanza anclada en la compra de votos de diputados y senadores y la poca transparencia de las compras y obras públicas. Hoy el país enfrenta el desafío de una reforma profunda del sistema político y de la gestión pública.

También está la débil tradición democrática que se expresa en la enorme distancia entre la sociedad y el Estado. Una ciudadanía pasiva que mal conoce a sus representantes y que no tiene canales institucionales de participación en la toma de decisiones a nivel municipal, y menos a nivel de los Estados y nacional. 

La práctica de enriquecimiento rápido con recursos públicos es un legado que se fue arrastrando como un cáncer, sin medidas de contención. El Estado sigue visto como un botín a ser saqueado. Esta es la lógica que impera en el acceso a cargos públicos. 

La ausencia de ética pública, del sentido del bien común y público es la triste realidad brasileña. Hoy vivimos la prevalencia del principio de sacar ventajas privadas donde se pueda y sin ningún reparo por los daños al prójimo o al público. Este es un virus instaurado en el Estado y en la sociedad. Asimismo, el sentido común ha banalizado la pobreza, la violencia y la desigualdad, siendo ésta  la otra cara de la moneda de la corrupción. 

Frente a este panorama desolador, sorprende el hecho de que estos esquemas de corrupción están siendo investigados y conocidos por la población. Esta es la buena noticia, que tiene que ver con un avance institucional.
 
Gracias a la independencia del Poder Judicial y procesos internos de fortalecimiento en las últimas décadas   fue posible la apertura de los procesos de investigación en curso. Lo que no significa que este poder esté inmune a la corrupción y a los intereses políticos. 

La corrupción en Brasil no es la excepción en la región, como muestran los escándalos recientes en Argentina, Bolivia y otros países. Este es un problema estructural en nuestras sociedades con democracias recientes y todavía frágiles. 

Brasil deja muchas lecciones. Resalto tres. Primera: la división de poderes y la independencia del Poder Judicial son fundamentales para que la corrupción no quede impune. Segunda: la transparencia de la información y mecanismos de control desde la sociedad y al interior del Estado son imprescindibles. Tercera: los esquemas de corrupción son difíciles de desvendar y, aún peor, llegar a los principales responsables. Para esto se requiere años de investigación y procedimientos sofisticados. 

Por lo tanto las ciudadanías deben exigir que cualquier indicio de tráfico de influencia, de obras y compras públicas sin licitación o sobrefacturadas, de desvío o malversación de recursos públicos sea investigado hasta su absoluto esclarecimiento. Esto implica abrir las venas de la corrupción para construir Estados y sociedades más democráticas y justas. 

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.
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