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¿La democracia sale fortalecida en Brasil?

¿La democracia sale fortalecida en Brasil?
La destitución definitiva de la presidenta electa en las urnas, Dilma Rousseff, el 31 de agosto, se dio en un contexto político complejo, abriendo la pregunta de si la democracia en Brasil sale debilitada o fortalecida con el proceso de impeachment.

Éste es el segundo presidente que sufre un proceso de destitución constitucional en 24 años.
 
Cuando Fernando Collor de Melo resignó, antes de ser condenado por corrupción en 1992, no se cuestionó el carácter democrático del proceso de destitución por el Congreso. En 2016 la situación es diametralmente opuesta por varias razones. 

A diferencia de Collor, no existe evidencia contra actos personales de corrupción por parte de Rousseff. Además, la idoneidad del Congreso es ahora puesta en cuestión con los procesos de corrupción que pesan sobre una parte importante de los diputados y senadores. De igual manera Dilma es sustituida por su vicepresidente, Michel Temer, acusado de actos ilícitos, junto con varios ministros de su gabinete. 

Está claro que la destitución de Rousseff se explica por las graves crisis económica, política y moral que marcaron el país en los últimos dos años. Situación que sorprendió al país cuando todavía vivía una euforia frente a los excelentes indicadores económicos y los innegables avances sociales logrados en la última década, como la disminución en 45% del numero de pobres y en 47% el número de extremadamente pobres según el PNUD; el incremento de 5,26% del salario mínimo, en comparación con la reducción anual de 0,22% en la década anterior, y el aumento de la capacidad de consumo de bienes de primera necesidad, como energía eléctrica, en las regiones más pobres de Brasil. 

Fue un choque para la nación descubrir que estos resultados positivos tenían pies de barro, porque se sostuvieron en un modelo de gobernabilidad corrupto, en una alta irresponsabilidad fiscal y en la profundización de la dependencia de los precios internacionales de materias primas. 

Con el fin de la bonanza económica y el destape de los esquemas de corrupción, por las acciones de un Poder Judicial  independiente y medios de comunicación autónomos, Brasil despertó en medio de una recesión económica con 12 millones de personas sin trabajo y de un tsunami de corrupción. 

Los responsables principales de esta grave situación son, indudablemente, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que formaron el núcleo del gobierno de coalición en los últimos 13 años. Ambos partidos son cómplices y responsables por la triple crisis que vive el país y, por lo tanto, no tiene sentido enmarcar la lucha política hoy en los términos de estar a favor o en contra de Rousseff (PT) o de Temer (PMDB). 

Para mí, el desafío principal que enfrenta la ciudadanía es posicionarse a favor de la continuidad de los procesos judiciales en contra de todos los políticos involucrados en esquemas de corrupción, sin importar el partido político, de la defensa de la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de reformas profundas del sistema político y de mayor transparencia de información de la gestión pública. 

En este sentido, dos últimos eventos traen muy buenas noticias para la democracia brasileña. La primera es la destitución de Eduardo Cunha de la Cámara de Diputados, quien se convirtió en el símbolo de la crisis moral y política en Brasil. Impulsor del proceso contra Dilma y acusado en la corrupción en Petrobras, con millones en cuentas en Suiza y un historial de actos ilícitos, logró postergar su alejamiento como presidente de la Cámara de Diputados por más de un año, gracias a maniobras políticas que, finalmente, llegaron a un fin. Ahora será procesado en la justicia ordinaria y ojalá sea condenado, preso y obligado a devolver los recursos robados.

La segunda buena noticia es la designación de Carmen Lúcia como presidenta del Supremo Tribunal Federal. En el acto de su posesión, ella envió un fuerte mensaje contra la corrupción.
 
Frente a un público con varias autoridades investigadas, Carmen Lucía rompió el protocolo y, en lugar de dirigirse primero a la mayor autoridad presente, el presidente Michel Temer, saludó a la "Excelencia, el pueblo” y a las "personas que recogen al Poder Judiciario en la lucha por sus derechos”. Resaltó la necesidad de transformaciones importantes en la justicia brasileña para que la ciudadanía pueda exigir sus derechos con procesos rápidos y dentro de las garantías del debido proceso legal. 

En medio de una compleja crisis política, económica y moral, Brasil está dando señales de que puede encaminar transformaciones en marcos institucionales democráticos. Cabe a la ciudadanía seguir exigiendo la continuidad en este camino.

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.
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