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Desarrollo inclusivo y ecológico

Desarrollo inclusivo y ecológico
Un conjunto de preguntas surge de la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina al inicio del siglo XXI. Es importante explicar las razones por las cuales gobiernos que lograron canalizar una potente energía política, gestada al interior de las sociedades a favor de modelos alternativos de desarrollo, se apartaron, en la práctica, de estos compromisos políticos y se caracterizaron por tensiones, y contradicciones entre cambios discursivos profundos y continuidades en la orientación de las políticas económicas.

Pese al compromiso político con la diversificación productiva, la seguridad con soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía plural de base popular, campesina e indígena, en el marco de la armonía con la naturaleza, Bolivia siguió profundizando el patrón de acumulación fundado en actividades extractivas de recursos naturales, escasamente articuladas con las actividades generadoras de empleo y dependientes de variables exógenas, proclives a tendencias cíclicas, como el precio internacional de las materias primas. 

La experiencia reciente en América Latina obliga a posicionar la reflexión académica y política más allá de la lucha discursiva contra la ideología neoliberal y ampliar la complejidad de los desafíos que enfrentan los horizontes de transformación ética y política hacia el desarrollo inclusivo, y ecológico.

El gran reto está en construir colectivamente trayectorias posibles de transformación económica con la articulación de cuatro principios: diversificación productiva (fortalecimiento de encadenamientos productivos), respeto por los ecosistemas (observancia del ritmo natural de reposición de la naturaleza y en el manejo responsable de su apropiación, uso y destino de los residuos producidos por las actividades humanas), justicia social (superación de la pobreza y disminución significativa de las desigualdades) e inclusión del pluralismo (de actores sociales, organizaciones económicas y gobernanzas político-económicas) en un marco democrático. 

Esto implica un cambio radical del paradigma del desarrollo para entenderlo como procesos de mejora sostenida de las condiciones de vida de las poblaciones insertas en ecosistemas disímiles, los cuales requieren cuidado para su continua reposición. Entra en la ecuación:
 
transición energética a fuentes renovables, limpias y bajas en niveles de carbono, distinguiendo el corto, mediano y largo plazo; innovación y desarrollo tecnológico y mejora de la productividad para la diversificación productiva con empleo digno, y ecológicamente sostenible; uso consciente de recursos como el agua; procesos productivos limpios, eficientes y eficaces de bienes y servicios; gestión responsable de residuos y fortalecimiento de gobernanza territorial en marcos democráticos de deliberación, y control social. 

El trabajo de construcción de este nuevo horizonte de organización económica, a partir del rechazo del supuesto crecimiento ilimitado asociado a la explotación irrestricta de la naturaleza y de la reproducción del patrón irresponsable de consumo, es complejo y requiere la confluencia de muchos esfuerzos coordinados. Implica, por ejemplo, la construcción de nuevos instrumentos de gestión empresarial y de política pública con base en distintos parámetros de eficiencia, eficacia y rentabilidad que no se limiten a la dinámica mercantil y al principio de ganancias y que, más bien, incluyan las implicaciones medioambientales de la generación de excedente, los resultados sociales (redistributivos) y la generación y calidad del empleo, tanto en territorios locales como de sus efectos de derrame a nivel nacional, regional y global. 

Con base en parámetros alternativos se podrá abrir la discusión sobre los beneficios y costos del patrón extractivista a corto y largo plazo. Si por un lado, las ganancias económicas en periodos de bonanza incrementaron los recursos y redujeron la pobreza a corto plazo; por otro lado, profundizaron la dependencia fiscal de los Estados, desestimularon otros sectores económicos y produjeron consecuencias medioambientales, y sociales negativas a largo plazo. 

La construcción de nuevos criterios de evaluación de los beneficios y costos de las actividades económicas para el desarrollo también permitirá delinear la viabilidad de sectores para sustituir las actividades extractivas y orientar la inversión pública y privada. Se requiere identificar y promover las cadenas y emprendimientos que pueden cumplir las exigencias ambientales, el aprovechamiento sostenible de los recursos, la contención de la contaminación, la articulación con otros actores y la generación de beneficios sociales, y colectivos (incremento de la capacidad productiva en el territorio nacional, empleo de calidad y redistribución justa de los excedentes) desde una visión integral del desarrollo. 

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.
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