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La crisis política y moral en Brasil

La crisis política y moral en Brasil
La historia empezó en 2015 con la investigación de corrupción en la empresa Petrobras, hasta entonces símbolo y el orgullo nacional, por la operación denominada Lava-Jato. Nadie podía imaginar que, dos años después, se desvendarían esquemas de corrupción institucionalizados que involucran a todos los partidos políticos, la cúpula del poder ejecutivo y judicial y las empresas más importantes de Brasil. 

Un nuevo episodio de la novela más sórdida que ya produjo Brasil ocurrió esta semana. El Supremo Tribunal Federal autorizó la investigación de ocho ministros del gobierno Temer, 12 gobernadores, 24 senadores, 37 diputados y cinco expresidentes entre 297 políticos acusados de corrupción por el director y funcionarios de la Empresa Constructora Odebrecht. A éstos se suman políticos ya indiciados y presos en esquemas que trascendieron las fronteras de Brasil hacía países de la región como Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.

Una crisis política y moral sin precedentes en la historia de Brasil. El titular de ayer en uno de los principales periódicos del país, O Globo, decía "sobrou para todos”, que quiere decir "nadie se salva”. El impensable alcance de las investigaciones judiciales y policiales fue posible gracias a un dispositivo jurídico muy ingenioso y eficaz denominado delación premiada: para reducir la pena, el acusado de corrupción tiene la opción de explicar el esquema y delatar a otros involucrados, los cuales también pueden ser beneficiados si delatan a otros.

La continuidad de las investigaciones que afectan al conjunto del sistema político y parte importante de la élite económica prueba que no todo está perdido en Brasil, y que la independencia de poderes funciona y que no todos fueron contaminados por prácticas ilícitas que alcanzaron los gobiernos federal, estaduales y municipales en áreas como, por ejemplo, salud, educación, saneamiento básico, infraestructura, cultura y deportes, bancos y empresas públicas. Miles de millones fueron desviados de los cofres públicos.

Y la historia no termina aquí. Todavía están por venir nuevas delaciones, la continuidad de las investigaciones, nuevos indiciados y nuevos esquemas de corrupción. Los desafíos políticos y económicos de Brasil son inmensos. Por un lado está la necesidad de una reforma profunda del sistema político que perdió prácticamente toda legitimidad y por el otro la superación de la profunda crisis económica que dejó a 13 millones de brasileños desempleados. 

Tareas nada fáciles de enfrentar bajo el mando de un gobierno con 10% de apoyo ciudadano, en que el mismo presidente Temer y varios de sus ministros son acusados de corrupción, y de un poder legislativo en el ojo de la tormenta. En el fondo del problema está la crisis profunda de confianza en la política con la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de que sus élites políticas y económicas son un bando de ladrones y que el sistema político se ha podrido. 

Hoy se vive un vacío político de proporciones asustadoras en que es difícil vislumbrar cuáles serán las salidas de esta situación. En el escenario pesimista está la vía por el desastre con la ruptura del sistema democrático. En un contexto de creciente violencia e inseguridad ciudadana, gobiernos estaduales en quiebra, descontento popular en aumento y ausencia de nuevos liderazgos políticos democráticos, el riesgo de vías autoritarias y populistas se hace posible. 

En el escenario optimista está la posibilidad de transformación de esta crisis en una gran oportunidad de restablecimiento de la Res pública con base en un nuevo pacto social. Ya se van consolidando las voces en favor de reformas profundas de los sistemas de partidos políticos y electoral e, inclusive, de una nueva constitución. 

Los requerimientos para encauzar la viabilidad del escenario optimista son inconmensurables y dependen ahora de la capacidad de la sociedad brasileña para proteger el poder judicial y la continuidad de las investigaciones hasta el enjuiciamiento del último político y empresario corruptos. También de su capacidad para exigir reformas de las reglas de representación política con la superación de la dispersión de partidos políticos y de la pérdida de conexión con el electorado, así como de reformas de los mecanismos de financiamiento de las campañas electorales. 

Igualmente importante es la capacidad de la sociedad para demandar la eliminación de privilegios y prácticas corporativas de la clase política que atentan contra el bien público y la implementación de sistemas de transparencia y control ciudadano del gasto público. 

Fernanda Wanderley es socióloga e investigadora.
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