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La doctrina de la responsabilidad de proteger

La doctrina de la responsabilidad de proteger
"Preso pero libre” es el libro que ha escrito en prisión el político venezolano Leopoldo López. Su padre, al presentar el libro en España, en una entrevista ha dicho que "Venezuela está al borde de vivir un genocidio por la falta de alimentos, medicinas y otros servicios como el agua”.

Tengo muchos amigos venezolanos que difícilmente se los puede tildar de derechistas, pro-imperialistas o de políticos y mucho menos de opositores, que me han corroborado estas   palabras y, según algunos de ellos, la situación es cada día más crítica pues no hay visos de solución a la escasez y precariedad que está afectando a todos los sectores de la economía y que impacta ostensiblemente a todos los estamentos de la sociedad.
 
Este escenario es paralelo a que el secretario general de la OEA ha advertido al Gobierno venezolano que la Carta Democrática Interamericana le obliga a actuar si se afecta el proceso político institucional del país; ello debido a las pretensiones de desconocer la Asamblea Nacional y declarar una omisión legislativa que le dé las riendas al Tribunal Supremo de Justicia para actuar en nombre del Parlamento. La intervención extranjera directa no está prevista en la Carta Democrática, ya que iría en contra de los principios de no intervención, soberanía e independencia de los Estados. La ONU, sin embargo, tendría medios apropiados para enfrentar este tipo de casos. 
 
Hablar de genocidio, no obstante, es algo alarmante, pues se trata del exterminio sistemático de un grupo social, motivado por cuestiones de raza, religión, etnia, política o nacionalidad. El genocidio suele ser llevado a cabo por un gobierno a cargo del poder del Estado. Está considerado como un delito internacional que puede ser juzgado por los organismos competentes en la materia. De ahí que en septiembre de 2014, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que realiza un estudio preliminar por delitos de lesa humanidad solicitado por 300 parlamentarios iberoamericanos en contra de Nicolás Maduro  y otros.
 
Desde hace algunos años, la ONU viene discutiendo el concepto de la "responsabilidad de proteger”. Según el organismo mundial,  la obligación de prevenir y detener  el genocidio y las atrocidades en masa incumbe ante todo al Estado, pero cabe a la comunidad internacional desempeñar un papel  que no puede verse coartado en nombre de la soberanía. La soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder  por el bienestar de su población. Este principio está consagrado en el artículo primero de la Convención sobre el genocidio e incorporado en el principio de la "soberanía como responsabilidad” y en el concepto de la responsabilidad de proteger.
 
Este concepto descansa sobre tres pilares: (1) Incumbe al Estado la responsabilidad primordial de proteger a sus habitantes contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como la incitación a ellos; (2) la comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad; y (3) la comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar los instrumentos diplomáticos, humanitarios y otros medios apropiados para proteger a las poblaciones de esos crímenes.  Si resulta evidente que un Estado no protege a su población, la comunidad internacional debe estar dispuesta a adoptar medidas colectivas para hacerlo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
 
La doctrina de la responsabilidad de proteger, según el especialista Jason Edwards de la Bridgewater State University, tiene el potencial de ser el más grande avance en el derecho internacional en los últimos 100 años. Lo que pondrá a prueba esta doctrina, en ultima instancia, será ver si los Estados actúan bajo sus principios. De ahí que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha manifestado claramente que si se consolida la doctrina de la responsabilidad de proteger dentro de la ONU, habrá menos chance para que se justifiquen intervenciones extralegales por y para otros propósitos. 
 
Como aparentemente van las cosas en Venezuela, no sorprendería que, a base de evidencias fehacientes de crímenes de lesa humanidad contra las grandes mayorías en ese país, algunos Estados se animen a utilizar la doctrina de la responsabilidad de proteger como instrumento para detener un progresivo aislamiento y una supuesta  silenciosa extinción  de la población venezolana.

Fernando Salazar es abogado internacionalista.
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