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Raíces y antenas

Uso de los recursos de las AFP, ¿raspando la olla?

Uso de los recursos de las AFP, ¿raspando la olla?
La decisión del Gobierno de utilizar hasta el 1% de los recursos de las AFP para crear un fondo de inversión (al final del día un tipo de crédito) para apoyar a sectores productivos, pequeños y medianos del agro cruceño ha generado una buena polémica. Según el oficialismo esta acción estaría enmarcada en la Ley de Pensiones 65, en el artículo 140 II c., lo cuál es correcto, pero lo que no se dice es que estos recursos no requieren de calificación de riesgo. Transcribo parte de artículo II c: "No más del cinco por ciento (5%) de cada Fondo podrá ser invertido en Valores o Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo…”. Justamente este es el punto que genera genuina susceptibilidad de la gente y urticaria política. Por oposición, el otro  95% para ser invertidos deben contar con calificación de riesgo, de acuerdo a lo determinado por la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos. 

Con estos antecedentes ¿es una buena o mala idea la creación de este fondo? Antes de nada definamos qué es un fondo de inversión. Este es un instrumento financiero que recibe los aportes de personas jurídicas o naturales que forman un patrimonio común y autónomo. Ese patrimonio es administrado por una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). Prácticamente todos los bancos tienen una SAFI. Seguramente, usted amable lector, ha escuchado propagandas de estas SAFIS que buscan captar sus ahorros y que, al final del anuncio, una persona habla a mil por hora (la letra chica del contrato) y  dice que las inversiones son  por cuenta y riesgo de los participantes. El fondo creado para el sector agropecuario será administrado por la SAFI del Banco Unión, una entidad estatal. Aquí surge la primera susceptibilidad, ¿por qué no se permitió que otras SAFIS participen del negocio y compitan por la comisión que se ganará por administrar los 150 millones de verdes? 
 
Para realizar un abordaje integral del tema se debe analizar el objetivo de la política pública, la fuente de recursos usados y el diseño del instrumento. 

Con esta propuesta, más allá de los discursos de blindaje de la economía boliviana, el Gobierno reconoce que hay sectores en crisis que deben ser apoyados por la política pública, para ello destina un 1% de estos recursos para dar créditos de 100 millones de dólares al sector agropecuario y 50 millones de dólares para una especie de respaldo para el propio préstamo. Si se usa el 5% de los recursos de las AFP se podría a llegar a 700 millones de dólares. 

Aquí las preguntas pertinentes son: ¿por qué el Gobierno (que tiene el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión que cuenta con un programa de inversión productiva con la banca para apoyar empresas privadas, con más de 1.200 millones de dólares por año)  ha decidido utilizar 150 millones de dólares de nuestros aportes? ¿Es que la hambruna fiscal es muy grave? ¿Qué ha pasado con las reservas internacionales, que estaban alrededor de 15.000 millones de dólares en 2014 y ahora están en menos de 10.000 millones? ¿Estamos raspando la olla y no hay plata, y tenemos que apelar a los recursos de las AFP? ¿Cuál es el límite de estos saques? 
 
Más allá de la necesidad o no de apoyo al sector productivo, la señalización de esta operación es cuestionable debido al origen del financiamiento, el tema del riesgo y el contenido político. No es la mejor idea tocar los fondos de los bolivianos, genera incertidumbre, es un mensaje negativo de que la situación económica es mucho más compleja de lo que uno parece verla en un primer momento. Además, se dijo que habrá  más de estas operaciones para otros sectores. El Gobierno pudo haber usado otra fuente de financiamiento para esta operación.  

El vehículo utilizado es un fondo de inversión cerrado. Es evidente que no es la primera vez que se utiliza esta ingeniería financiera para atraer recursos de las AFP, pero cabe recordar que estos fondos requerían calificación de riesgo, por lo que estas operaciones fueron hechas por el sector bancario privado y que las AFP tomaron –esperemos-  una decisión para invertir nuestros fondos  con criterios técnicos y no políticos.
 
Ahora bien, éste no es el caso del fondo que comentamos. Como estos recursos, según la Ley 065, no necesitan de calificación de riesgo y como es conocido que el sector agropecuario enfrenta peligros altos asociados al clima y variabilidad de precios, se diseñó una cobertura de riesgos aparentemente sofisticada, pero no por eso perfecta. De hecho, la estructuración del fondo  es cuestionable. Se afirma que se invertirá 100 millones de dólares respaldados por las retornos que se espera de la inversión de  50 millones de dólares. Primero, la inversión de los 50 deben garantizar no 100, sino los 150. Segundo, los 50 millones de dólares también están en riesgo, aunque éste sea bajo. Tercero, qué papeles, en el mercado nacional o internacional, están rindiendo en torno 9,5% para que en 12 años se devuelva 150 millones de dólares, en el peor de los casos. 

Bueno, alguien dirá que esta operación sólo requiere generar 60 millones de dólares porque los otros 90 están cubiertos por la garantía de los industriales agropecuarios (30%) y los fondos de garantía para el sector productivo creados con el 6% de las utilidades de los bancos (30%). Pero aquí también surgen interrogantes válidas: 1. ¿En el caso de garantía de los industrias, éstas son con tierras y maquinarias? No. En realidad  se habla de cobertura (y no de garantías), supongo que son quirografarias, es decir, papelitos con firmas. Y 2. ¿Qué si las ganancias de los bancos bajan a futuro? Claramente esta otra garantía también es débil.  

En suma: sí, el Gobierno debe apoyar a los sectores productivos en crisis, pero debería utilizar otros recursos y no tocar los fondos de ahorro de los bolivianos. No es consistente hacer discursos grandilocuentes sobre el éxito del modelo económico y después dar la sensación de estar raspando la olla, tocando plata que no es suya.
 
Gonzalo Chávez  A. es economista.
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