La Paz, Bolivia

Miércoles 18 de Enero | 06:00 hs

Recuerde explorar nuestro archivo de noticias
Hugo del Granado Cosío

Anclados en el año 2006

Anclados en el año 2006
El Decreto Supremo (DS) 28701 de 1 de mayo de 2006, denominado de "Nacionalización de los Hidrocarburos”, ha tenido un éxito político incuestionable por haber sido convertido en símbolo de la recuperación de los recursos naturales. 

El Gobierno trabajó mucho en la mitificación de la medida, atribuyéndole la bonanza económica de los últimos diez años y, como consecuencia lógica, la industrialización de los hidrocarburos. 

En rigor, el DS 28701 de 1 de mayo de 2006 incorporó en su cuerpo cinco artículos (de los nueve que contiene) de la Ley 3058, promulgada casi un año antes. Dos artículos son meramente declarativos y sólo dos pueden considerarse como novedosos. Estos dos artículos son los relativos a la creación de un nuevo impuesto transitorio por 180 días, del 32% del valor de la producción a favor de YPFB, y el de la nacionalización del 50% más uno de las acciones de las empresas capitalizadas y privatizadas.

El DS 28701 no modificó el régimen fiscal porque el IDH, que significa el 42% de la renta petrolera, ya estaba incorporado en la Ley 3058 y las regalías y participaciones (24,5%) son conquistas del siglo pasado.

Tampoco es cierto que gracias a la "nacionalización” el país tuvo 10 años de bonanza económica, porque los grandes ingresos económicos se debieron a la inédita escalada de precios de las materias primas, especialmente del petróleo. Hasta el año 2005, el precio del WTI (referente para el cálculo del precio del gas natural exportado) se mantuvo por debajo de 50 $us/Bl. Con el ascenso posterior de precios llegó, en junio de 2008, a 147 $us/Bl, manteniéndose por encima de los 100 $us/Bl hasta el año 2015.

 En términos generales, los precios de exportación del gas a Brasil se multiplicaron por cuatro y los de Argentina por dos. Este factor más el incremento de volúmenes son las verdaderas causas de la enorme liquidez que benefició al país.

Además del escaso aporte económico del DS 28701, es pertinente recalcar la asignación de una pesada carga estatista al rol instituido a YPFB para ejercer el control y dirección de todas las actividades petroleras. Estatismo que se consolida a partir del 2007 con disposiciones como   la reserva de todas las áreas de interés petrolero, la obligación de las petroleras a reinvertir sus utilidades en el país, el límite en la participación menor o igual al 49% en las sociedades con YPFB, la firma de contratos con YPFB como única modalidad contractual, la firma de contratos de servicios y la resolución de controversias sólo en la jurisdicción nacional. 

Este cúmulo de acciones y restricciones ahuyentaron las inversiones privadas y obligaron al Estado a asumir la mayor parte de los riesgos, especialmente en exploración.

Entre los años 2011 y 2015, en promedio, la inversión exploratoria fue de 64% de YPFB y 36% privada. Las restricciones a la inversión privada en el rubro se manifiestan en la tendencia declinante de las reservas y en la ausencia de nuevos descubrimientos. 

La industrialización es otro mito de la nacionalización. La industrialización como proceso sostenible sólo es posible donde hay grandes reservas de gas, donde existen mercados, tecnología y capitales. La bonanza pasajera de los últimos diez años no implica la presencia de ninguno de los anteriores factores, sólo la eventualidad de precios altos favoreció la liquidez de la economía. Al contrario, el estatismo perjudica la industrialización porque está siendo asumida totalmente por el Estado. 

Lo anotado muestra que la actividad petrolera nacional está anclada en las políticas del año 2006 con cerraduras estatistas que impiden su modernización. 

De haberse impreso una política inteligente y equilibrada tendríamos una industria más desarrollada y moderna: las reservas se habrían incrementado, se habrían mantenido satisfechas las demandas de nuestros mercados, no habría que inventarse incentivos para atraer nuevas inversiones, tendríamos instituciones jerarquizadas, consolidadas y diferenciadas unas de otras, los ingresos habrían sido invertidos en proyectos bien concebidos y ejecutados con eficiencia  y transparencia, frenando la corrupción, se habría constituido un fondo de reserva para evitar el despilfarro de los recursos. En suma, el país podría estar a la altura del nuevo ciclo petrolero de apertura que vive el mundo.  

Si el Gobierno persiste en la política estatista vigente desde el DS 28701, será más difícil recuperar la confianza de los actores y se incrementarán los riesgos de los proyectos de inversión. Lo único que se logrará es profundizar el aislamiento y el rezago de la industria petrolera de Bolivia. Lamentablemente, se ha despilfarrado una década irrepetible.
 
Hugo del Granado Cosío es experto en hidrocarburos.
132
2
Comentarios

También te puede interesar: