La Paz, Bolivia

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José Guillermo Tórrez G. O.
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Autonomía y minería

Autonomía y minería
Uno de los cambios estructurales en esta última década es el que  Bolivia, después de 185 años de vida unitaria republicana, se convierte en autonómica, a pesar de la oposición del gobierno del MAS que, dada la corriente avasalladora de la sociedad en su conjunto, no tuvo otra alternativa que aceptar esta realidad. 
 
Ha llegado la hora del poder regional, donde todos sus habitantes estarán con los ojos puestos en las decisiones de sus gobernadores y alcaldes; donde se deberán definir políticas que no sólo vayan a equilibrar la relación costo-beneficio de las empresas mineras, sino a construir en sus unidades genuinos polos integrales de desarrollo regional y de interrelación productiva con el medio rural.  
 
 El cambio es la dinámica democrática, en este caso, de todos los sectores campesinos, alentados en una organización corporativa, cuya culminación es la nueva Constitución que, con todas sus falencias técnicas y jurídicas, con todas las exacerbaciones de las estructuras de poder político, se ve que  avanza, con todos esos errores de violencias que se desatan hacia una comunidad política. 
 
Esta descentralización y desconcentración, que debe implementarse con el proceso de las autonomías y con la participación popular, obliga  a la desconcentración gerencial y operativa de las empresas de Comibol. Lo que implica  compaginar con el desarrollo regional, con la participación de los gobiernos regionales, alcaldías,  actividades interesadas en el desarrollo de cada una de las comunidades, con criterios metodológicos y operativos que respondan al tema social y al problema del espacio territorial. 
 
Este paso trascendental de la autonomía en Bolivia obliga a las regiones a crear empresas autónomas. Comibol ha demostrado ser excesivamente grande. Esta estructura provoca un desfase grave en el nivel de la empresa misma y se refleja en el "burocratismo”  y en la ausencia de imaginación gerencial a nivel de las unidades productivas.
 
El problema de la minería es un asunto que nos incumbe a todos los que pertenecemos a este país. Sin ánimo de denostar a nadie, sino más bien, dentro de un espíritu constructivo, se reconoce que por encima de los desajustes administrativos y debilidades gerenciales, la Comibol constituye el núcleo  económico minero más importante.
 
Esta empresa tiene una estructura empresarial, destinada a administrar una cartera de contratos de riesgo compartido, arrendamientos u otros. 
 
Con  un modelo de desarrollo económico minero que defina una política operativa de descentralización, las empresas de la Comibol deben estar necesariamente concebidas como unidades productivas altamente dinámicas en el área y circunscripción territorial que puedan desconcentrarse en función del desarrollo rural regional.
 
En ese sentido, la normatividad que impone la moderna programación del desarrollo económico, que tiende a ser equilibrado y armónico, debe disolver la noción de una única empresa minera centralizada nacionalizada y descentralizar las operaciones de producción en diversos grupos empresariales diferentes, cuya gestión de negocios debe entenderse como autónomos en el poder de decisión y de responsabilidad.
 
En un clima autoritario, como el que ha prevalecido en estos años, es posible que se hayan obturado todos los canales de actitud crítica y que se hubieren vulnerado los principios más elementales, y normativos para celebrar contratos ante los avasallamientos y toma de empresas mineras, con caprichos y exacerbaciones sindicales y regionales que no están encuadrados en planes técnicamente elaborados y de beneficio tangible para los departamentos productores de minerales. Eso nos muestra un futuro de incertidumbre.
   
José Guillermo Torrez G. O. es ingeniero geólogo y administrador de empresas. 
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