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Visión internacional

Imprescriptibilidad de los delitos cometidos por las FARC

Imprescriptibilidad de los delitos cometidos por las FARC
El conflicto armado que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) sostienen contra el Estado colombiano desde hace más de 50 años no ha pasado inadvertido frente a la comunidad internacional. Todo lo contrario, fue analizado y debatido en el seno de la ONU y en la OEA, procurando sugerir e  instaurar mecanismos que coadyuven a su solución. 

Las ciencias jurídicas también lo hicieron  intentando determinar la  naturaleza  jurídica de las FARC; es decir, si se configuran como un grupo beligerante que podría ampararse en las previsiones normativas del derecho internacional humanitario o los actos punibles que se le imputan lo sitúan como un grupo delictivo que ha financiado sus actividades con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

Miembros de las FARC, que fueron excarcelados y otros que continúan detenidos, no sólo fueron juzgados y condenados  por la comisión de los delitos comunes antes mencionados, sino también por la comisión de delitos contra el derecho internacional humanitario, como: ataque contra ciudadanos indefensos,  violaciones a sus derechos humanos y delitos de lesa humanidad, entre ellos, masacres sangrientas, desapariciones y desplazamientos  forzados. Estos delitos no prescriben en el tiempo.

Recientemente, el Gobierno colombiano y las FARC han suscrito un acuerdo de paz que viabiliza  la amnistía y otras concesiones en favor de los miembros de dicho grupo. Éste es un  acto soberano que compete a la política interna de ese país e incumbe fundamentalmente a los colombianos; sin embargo,  el tema no puede pasar desapercibido para la Corte Penal Internacional,  cuya obligación es juzgar los delitos contra el derecho internacional, entre ellos el de lesa humanidad.

En esa línea, los miembros de las FARC presos en las cárceles colombianas  no son prisioneros de guerra, como se pretende mostrar y asumir en la conciencia del pueblo colombiano. Las FARC no es un grupo beligerante conforme la doctrina del derecho internacional concibe a éstos; las FARC han contaminado su lucha con la perpetración de graves delitos. La amnistía  en ese contexto representa un serio problema para el Gobierno colombiano, que al amnistiar a los culpables de delitos de lesa humanidad estaría vulnerando principios y normas del derecho internacional humanitario, y del derecho internacional de los derechos humanos.

El artículo 3º común a los Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario  se refiere  a los conflictos armados internos que surjan  en el territorio de un Estado Parte. Dicho artículo prohíbe  los atentados contra la vida y la integridad corporal; el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura, los suplicios y  la toma de rehenes, entre otros. Igualmente el  Estatuto de Roma, que instituye a la Corte Penal Internacional,  en su artículo 7º tipifica los crímenes de lesa humanidad refiriendo una serie de actos que configuran ese delito y por  cuya comisión han sido condenados muchos miembros de las FARC. 

También se acusa de estas violaciones  a las organizaciones paramilitares colombianas, gravemente involucradas en dicho conflicto armado. Los  delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y los Estados tienen el deber de enjuiciar a los responsables, sin ninguna exclusión, ni trato privilegiado. Si la jurisdicción estatal no los sanciona, la Corte Penal Internacional puede aprehenderlos y juzgarlos en cualquier momento, sea cual fuere su investidura. Esto  no  distingue  fuero  ni inmunidad alguna.

Sin duda,  estas consideraciones jurídicas son insoslayables; no obstante, habrá que buscar un camino para alcanzar la  reconciliación entre los colombianos,  acabar este conflicto fratricida y liberar  a las inocentes víctimas civiles que continúan secuestradas. Al parecer, la vía para lograr la paz en Colombia sólo puede  venir de un acuerdo político. La paz en Colombia no es solamente un anhelo del pueblo colombiano, sino también del pueblo latinoamericano.

Karen Longaric R. es profesora de derecho internacional de la  Universidad Mayor de San Andrés.
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