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Desde la acera de enfrente

Linchamiento en el Beni; linchemos la justicia

Linchamiento en el Beni; linchemos la justicia
Una niña es violada hasta la muerte. El violador confeso había estado preso pero fue liberado y nadie explica ni cómo, ni por qué. Una turba encabezada por mujeres lo saca de la comisaría de la Policía y lo mata públicamente, en medio de un acto de furia colectiva.

 ¿De qué estamos hablando?
 Quiero contar la historia al revés. Supongamos que las madres y amigas, el padre y los otros protagonistas de la historia se hubieran contentado con el arresto policial y no hubieran sacado al asesino de la cárcel para matarlo. Seguramente hubiera estado preso horas y horas sin que llegue fiscal alguno, porque Reyes es uno de tantos lugares donde no hay más que una miserable comisaría de Policía, sin fiscales, ni peritos. El violador hubiera tenido que esperar arrestado a que llegue el fiscal de alguna capital y ese fiscal hubiera tardado quizás varios días, porque la violación y muerte de una niña pobre en Bolivia se premia con impunidad. 

No está demás decir que sería posible pensar que el violador hubiera podido escapar de la comisaria precaria de Reyes, que los policías quizás no lo hubieran custodiado profesionalmente y que la población en Reyes, como en cientos de lugares en el país, no tiene por qué confiar en la Policía y su trabajo. 

 En el supuesto de que el fiscal hubiese llegado antes de que liberaran al preso y hubiera dictado de inmediato detención preventiva para el violador, y hubiera empezado un juicio por violación y asesinato, ¿creen que la familia hubiera podido afrontar los gastos de pagar un abogado y llevar adelante un proceso penal lento, caro e incierto? Seguramente la autopsia hubiera estado mal hecha o no hubiera habido tal autopsia, porque si ni en La Paz las hacen con prontitud y profesionalidad, sin duda que en Reyes no hay morgue alguna, ni perito forense que la haga, ni autopsia posible. La familia hubiera tenido que enfrentar el gasto de trasladar a la niña a la morgue de Trinidad y buscar allí que le hicieran la autopsia. ¿Con que dinero? ¿Acaso el Estado hubiera aportado con movilidades y peritos? Seguro que no, porque las movilidades del Poder Judicial sirven para recoger jueces y fiscales de sus casas y llevarlos al trabajo en capitales de departamento. Para atender emergencias judiciales no hay movilidades.

Suponiendo que el violador hubiera ido de todas maneras, aunque sea por un tiempito, a la cárcel, allí hubiera tenido la oportunidad de reencontrarse con los amigos con quienes cumplía una condena basada en un único concepto: podrirse en la cárcel, que no educa, que no rehabilita, que no hace nada más que terminar de destruir a un ser humano ya destruido. 

Las protagonistas, tres mujeres, han sido rápidamente arrestadas y piden la pena máxima desde cómodas y lujosas oficinas, la Ministra de Transparencia y los altos cargos de la magistratura piden la pena máxima.

Si la madre de la niña, la tía o el padre y todos sus amigos o el pueblo en su conjunto no hubieran matado al violador, ¿se hubieran siquiera enterado del caso los altos dignatarios, que no tienen pies ni piernas para caminar sobre la tierra de un país donde no hay justicia? Un país donde la violencia sexual no se castiga, porque ni siquiera se investiga. ¿Qué hubiera hecho yo si la niña muerta fuera mi hija? ¿Qué hubieras hechos tú, sin dinero frente al cadáver de una niña destrozada por una violación?

¿Cuáles son los grandes cambios que ha habido desde la ridícula Cumbre de Justicia, celebrada con propaganda gubernamental y altos niveles de simplonería y demagogia?

¿Por qué en lugar de arrestar a las protagonistas del linchamiento no se arresta de inmediato y se inicia un proceso, impulsado por el Consejo de la Magistratura, contra el juez que liberó al violador?

Yo, desde este simple lugar, que es escribir palabras en un papel pido, el indulto para ellas, las arrestadas por matar un violador. Yo, desde este simple lugar, que es escribir palabras en un papel, hago responsable del horroroso linchamiento en Reyes al Consejo de la Magistratura, a la Policía Boliviana, a la Fiscalía General y a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.

El crimen de Reyes no es justicia comunitaria, es impotencia generalizada. Es indefensión, es el horror de vivir en un país donde no hay justicia. 

María Galindo es miembro de Mujeres Creando.
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