La Paz, Bolivia

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Continuidades y rupturas

Una Bala en el corazón

Una Bala en el corazón
 El Gobierno ha reafirmado su voluntad de avanzar en la construcción de  la represa de El Bala, localizada en el río Beni. El proyecto hidroeléctrico contempla  dos componentes: el primero es El Chepete, ubicado a 70 kilómetros aguas arriba de Rurrenabaque (Beni), y el segundo componente es El Bala, ubicado aproximadamente a 13,5 kilómetros aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni), y tiene el objetivo de generar energía "limpia y a bajo costo”. 

 Las represas de gran tamaño como la que se pretende construir ocasionan daños devastadores en las cuencas hidrográficas y tienen un efecto negativo en la biodiversidad. Un estudio publicado por Fobomade señala que la ejecución del proyecto, que implica el llenado del embalse, anegará  superficies cercanas que hoy son bosques primarios que desaparecerán junto con la fauna existente, afectando al ecosistema  con daños irreparables. También se producirá la apertura de caminos, con la consecuente penetración de poblaciones externas, como colonizadores, productores, madereros y otros. Pero, además, afectará a las poblaciones aledañas, de acuerdo a un  estudio publicado por el CEDIB: un total de 53 localidades, 1.604 viviendas y 3.359 habitantes tendrán que ser relocalizados para la construcción de la represa. La empresa que está a cargo del estudio señala que son 15 comunidades las  afectadas y que tendrán que ser trasladadas.

De hecho, las poblaciones afectadas directamente por el proyecto señalaron a la prensa que el Gobierno no informó nada al respecto y tienen el temor de quedar inundadas. La decisión habría sido tomada sin consultar a las comunidades, ni informar debidamente, a pesar de que el ministro Sánchez señaló que el Gobierno informará sobre los proyectos hidroeléctricos de las zonas involucradas,  "casa por casa”. 

 ¿Por qué cuando hay iniciativas de esta naturaleza se echa al olvido el mecanismo constitucional  que responde al espíritu del nuevo Estado, concebido para preservar tanto a los territorios protegidos como los pueblos indígenas? Nos referimos al  mecanismo de la consulta previa, que está basado en el Convenio 169 de la OIT, donde se señala que las consultas deberán efectuarse de buena fe y de manera libre, previa e informada, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada como Ley 3760 para Bolivia, el 7 de noviembre de 2007, explicita que los Estados celebrarán consultas por conducto de sus propias instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios, particularmente en relación con el desarrollo, el uso  o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

 La consulta previa, además de ser un mandato constitucional, está presente en la Ley de Régimen Electoral,  donde se  establece que  debe ser convocada de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. Pero no existe hasta hoy una  ley marco de consulta previa, aunque se han realizado varias en los últimos años, amparadas en leyes específicas, como la Ley Minera o de Hidrocarburos. 

Incluso, se ha elaborado un reglamento para la observación y el acompañamiento por parte del Órgano Electoral Plurinacional, pero ¿cómo se han realizado estas consultas? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Por qué el Ministro sustituye un mecanismo constitucional por la información casa por casa? ¿La premura de explotar los recursos se antepone al cumplimiento de los preceptos constitucionales y del espíritu del Estado Plurinacional? En este caso, no se trata sólo de una consulta a los pueblos aledaños, el proyecto efectivamente puede tener impactos contundentes en la región, inclusive a nivel planetario.
 
María Teresa Zegada es socióloga.
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