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Continuidades y rupturas

¿Los referendos autonómicos interesan?

¿Los referendos autonómicos interesan?
En el largo y todavía lento camino hacia las autonomías, la Constitución ha establecido la realización de referendos para consolidar las normas territoriales y habilitar su aplicación.
 Es la segunda vez que se convoca a una consulta ciudadana sobre estatutos o cartas orgánicas en estos más de seis años de recorrido legal hacia las autonomías; es decir, desde la aprobación de la Ley Marco Andrés Ibáñez. El primero se realizó en septiembre de 2015 y el segundo hace escasos días. En la primera consulta se impuso el No en los cinco departamentos en que se elaboraron propuestas de estatutos autonómicos, mientras en algunos municipios se impuso el Sí. En aquella ocasión, la  opinión pública estuvo impregnada de discursos políticos que pretendieron llevar  agua a su molino. Mientras el Vicepresidente interpretaba en No como un voto  a favor de  la centralización y por un "Estado fuerte”; Doria Medina afirmaba que fue un rechazo  a la corrupción. Ninguna de estas afirmaciones convenció a la ciudadanía.

 La consulta del domingo pasado involucró a otras regiones y  municipios del país. Los casos notables son la ahora autonomía indígena de Raqaypampa por la contundencia de los resultados y el singular proceso que siguió, y el Gran Chaco que se ha constituido en la primera región autonómica. Al mismo tiempo, llama la atención el rechazo de la Carta Orgánica de Sucre. De los 15 documentos normativos  recientemente consultados, 10 fueron aprobados y cinco rechazados.

¿Cómo interpretar los resultados? No se ha realizado un estudio serio sobre qué es lo que motiva a la población a votar por el Sí o por el No. No obstante, de los resultados de ambos procesos  se pueden inferir algunas ideas. Sólo hace falta imaginar a un o una ciudadano(a) común frente a un texto -si tiene la suerte de recibirlo- antes de la elección, con decenas de artículos y sin ningún interés especial en su contenido, sin conocer para qué se elaboró, quién lo propició, ni las consecuencias favorables o desfavorables de la aplicación en su territorio.
 
Parecería que la labor de los autores de los textos; es decir, las asambleas departamentales o los concejos municipales, terminan cuando se someten a control constitucional, pero luego se desentienden de la necesaria tarea de generar un proceso sostenido de información y debate ciudadano. 

 Las campañas de difusión del Tribunal Supremo Electoral también resultan insuficientes dada la complejidad de los textos sometidos a votación y tampoco parece haber un interés de los sujetos políticos para dar a conocer el objeto de la consulta; parecería más bien que el voto responde  mecanismos  de disciplinamiento político implantado en las organizaciones sindicales, que es más efectivo y notorio en territorios de menor tamaño, que en un departamento o ciudad capital.

 La población acude a votar por obligación, por ello es preciso otorgarle un contenido a este acto democrático,  así como al sentido de la autonomía, pues de lo contrario parecen eventos desconectados de la realidad actual de los gobiernos subnacionales que se debaten entre la ineficiencia de la gestión y un significativo recorte presupuestario.

María Teresa Zegada es socióloga y analista.
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