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Continuidades y rupturas

Los imposibles caminos hacia la reelección

Los imposibles caminos hacia la reelección
Vamos a partir de la premisa de que vivimos en un régimen democrático en que rigen las leyes y la Constitución. El presidente Morales llegó por primera vez al poder en 2005 mediante el voto mayoritario y el respeto a esa voluntad expresa de la población. El mismo Gobierno, durante la última década se sometió, en distintas ocasiones, a mecanismos institucionales para tomar decisiones. Por ejemplo, la  convocatoria a referendo revocatorio en 2008 y  otras consultas, como el referendo autonómico o aquella sobre el tamaño de la superficie máxima de tierra y, de hecho, el sometimiento regular a la voluntad popular en otros eventos electorales. 

Varias veces, durante estos años, se denunció el uso o interpretación arbitraria de  las normas o reglamentaciones para forzar determinados rumbos coyunturales y allanar políticamente el escenario político, pero en este caso se está poniendo en cuestión leyes fundamentales para la democracia, como  son la Constitución Política del Estado y la ley orgánica más importante en el campo político, como es la Ley de Régimen Electoral, aprobada en 2010. 

No repetiremos de memoria, como quien  polemiza en el plano de una charla de café, que transgredir o manipular las normas sería un atentado contra la democracia, una violación a los derechos o, desde el otro flanco, una suma de mentiras políticas propagadas  por la oposición, pues esto significaría entrar en el juego de la confusión; nos remitiremos a la letra de la Constitución y  la mencionada ley para remarcar que las cuatro propuestas que emanaron del IX congreso del MAS para habilitar la reelección presidencial son simplemente insustentables.

 Vamos a la primera. Una interpretación  por parte del Tribunal Constitucional para modificar la Constitución  no corresponde en este caso porque ésta es absolutamente clara cuando en el artículo 168  señala que el Presidente y Vicepresidente sólo pueden ser reelectos por una vez de manera continua. Para las elecciones del año 2014 ensayaron fórmulas  poco convincentes  para habilitar una vez más al presidente en ejercicio, señalando que la gestión iniciada en 2010 era "la primera” desde la fundación del Estado Plurinacional y que, por tanto, en 2014 correspondía optar por la reelección establecida en la Constitución. Hoy no hay ningún atisbo, ni engañoso ni ambiguo que permita "interpretar” dicha norma; es decir, no corresponde someter a consideración del Tribunal Constitucional el mencionado artículo. 

Otra formula que plantean es la renuncia del Mandatario seis meses antes de finalizado su mandato, lo cual  resulta ser verdaderamente un insulto a la inteligencia ciudadana, pues actualmente el Presidente está haciendo uso de su mandato constitucional iniciado en enero de 2015; por tanto, esta renuncia adelantada de ninguna manera lo habilita a una repostulación inmediata. 

La tercera propuesta  es aprobar una nueva consulta para reformar la Constitución por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa,  esto no es posible porque el artículo 17 de la Ley de Régimen Electoral establece con meridiana claridad que en la circunscripción nacional solamente se podrá realizar en cada período constitucional un referendo por iniciativa estatal de la Asamblea Legislativa Plurinacional; por tanto, esta instancia legislativa está impedida de generar un nuevo referendo en esta gestión. 

La última, y al parecer la más entusiasta, es generar una consulta por iniciativa ciudadana mediante la recolección de firmas del 20% del Padrón Electoral, si bien esta posibilidad estaría abierta -es decir realizar una convocatoria a consulta por iniciativa ciudadana-, el impedimento en este caso está  en el resultado del referendo de febrero, pues el artículo 15 de la Ley Electoral señala que las decisiones adoptadas mediante referendo tienen "vigencia inmediata y obligatoria y son de carácter vinculante”. 

¿Qué significa esto? Que si la población rechazó mayoritariamente la modificación de la Constitución, esta decisión tiene que ser respetada por la autoridad competente y rige actualmente. En definitiva, tendrán que aceptar que las leyes en ocasiones favorecen y en otras son un óbice para los intereses políticos; justamente ahí reside la gran virtud de la democracia.
 
María Teresa Zegada es socióloga.
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