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Continuidades y rupturas

La letanía de los conflictos universitarios

La letanía de los conflictos universitarios
Los sucesivos conflictos en las universidades públicas del país muestran la profundidad de una crisis que involucra a  la comunidad docente, administrativa y estudiantil, que ha tocado fondo en unos lugares más pronto que en otros. Los signos de la crisis son comunes, aunque se expresan de distintas maneras:  enfrentamientos entre grupos políticos, anulación de elecciones, quema de ánforas, reyertas, largos paros, marchas y crucifixiones, demandas judiciales y amparos, violencia con costos humanos,  cambio permanente de autoridades, (sólo en Cochabamba bordeamos la media docena  de rectores en lo que va del año), entre muchos otros.

 Detrás de estas expresiones se esconden factores mucho más profundos, como intereses políticos que se sobreponen totalmente a los  académicos,  intrincadas pugnas de poder,  pérdida de objetivos académicos, corrupción, clientelismo,  falta de transparencia, mediocridad en docentes y estudiantes, burocratización e ineficiencia administrativa, vaciamiento de contenido de los discursos, y de la cátedra, entre otros, que se reflejan en la escasa capacidad de respuesta a la sociedad. 

 Existe coincidencia en que  los problemas son estructurales y, por tanto, las soluciones no pueden ser cosméticas; es decir, no se resuelven con un cambio de autoridad o con la negociación de un pliego petitorio y el retorno a clases. Las universidades han crecido enormemente en los últimos años, bordean los 70.000 u  80.000 estudiantes, en los casos de los tres principales departamentos. Los recursos no han estado orientados a mejorar las capacidades investigativas y de formación sino a la proliferación no planificada de infraestructura, y equipamiento a veces sin sentido.

 De hecho, la solución pasa por una profunda reforma institucional y política que, por su naturaleza, requiere de la concertación entre los segmentos decisorios de la comunidad universitaria –el cogobierno- y mediante la convocatoria a la máxima instancia orgánica, como el es Congreso Universitario. 

 Esta denominada "comunidad universitaria” está totalmente desarticulada y los intereses comunes están extraviados. Los docentes buscan aferrarse a sus cargos, no por meritocracia, como debiera ser en una entidad académica, sino por su compromiso con grupos de poder que les garanticen su permanencia. Los estudiantes, por su parte, no tienen las coordenadas correctas para  insertarse en un mundo demandante y competitivo, pues en lugar de avanzar hacia un rendimiento académico con excelencia, buscan la aprobación  con el mínimo esfuerzo, y el aprovechamiento al máximo de los beneficios de la entidad pública, como los servicios de salud, becas o alimentación. 

 El habitus  de relacionamiento interno está centrado en una política de intercambio de poder entre individuos y grupos, y en una "democracia pactada” que sólo conduce a la  reproducción indefinida de dichas prácticas, abandonando los principios y  objetivos de la educación superior, como son la formación  e irradiación de  conocimiento con excelencia académica, la investigación y la búsqueda creativa de respuestas a la dinámica social, económica y política del país. Aquellos postulados que con mucho entusiasmo se escribieron hace muchos años en la letra muerta de los estatutos orgánicos universitarios, hoy olvidados en los viejos anaqueles de las mentes que sólo buscan soluciones pragmáticas.  

Por tanto, si bien es absolutamente imprescindible encarar una profunda reforma institucional y política,  ésta debe estar acompañada por el abandono de la campeante cultura corporativista y prebendal,  y sustituida por  una cultura formativa e investigativa de calidad.

María Teresa Zegada es socióloga.
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