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Continuidades y rupturas

Los derechos de los pueblos indígenas, ¿una ilusión?

Los derechos de los pueblos indígenas, ¿una ilusión?
Poner en perspectiva las cosas que suceden en la vida es extraordinariamente útil, porque aquello que parece ocupar el centro de la vida en determinado momento, de pronto ocupa su verdadero lugar, frente a todo lo demás, que también forma parte de  nuestro proceso personal. En este caso concreto, también, poner en perspectiva los discursos o avances sociales  permite ubicarlos en su verdadero contexto y valorar sus alcances y limitaciones. 

 El tema indígena inundó los discursos del actual proceso desde sus inicios. Un despliegue de grandes enunciados y símbolos tiñó el principio de siglo con el real protagonismo de los movimientos indígenas en el campo político,  y  la llegada del MAS al poder.  Asimismo, este discurso fue uno de los puntales de la Asamblea Constituyente y se plasmó  parcialmente en la nueva Constitución Política, marcando un antes y un después en la historia política de los indígenas. No obstante ¿cuáles fueron los verdaderos avances? ¿Se logró realmente dar los pasos necesarios hacia la anhelada transformación?

 Hace unos días tuve que hacer un recuento de los avances legislativos en relación con los derechos políticos de los pueblos indígenas en Bolivia. En un primer momento se destacan los grandes saltos cualitativos que se produjeron en el país, sobre todo si se compara la legislación boliviana con otras, como se hizo en el caso concreto de la mexicana, en un evento del Tribunal Electoral de ese país. Salvo ciertas legislaciones estaduales, como la Oaxaca, no se ha avanzado gran cosa en la materia y los casos críticos relacionados con el tema son tratados bajo el criterio de los jueces competentes. Por tanto, y en comparación con otros casos, no puede uno sino vanagloriarse de los avances bolivianos. 

 La CPE constituye el horizonte deseado de los derechos políticos de los indígenas como la libre determinación, la democracia comunitaria, la autonomía indígena, la consulta previa libre e informada, la incorporación de circunscripciones indígenas en el Legislativo, la participación de representantes plurinacionales en los distintos órganos del Estado y la igual jerarquía entre las instituciones ordinarias y las indígenas.

 Sin embargo, estas disposiciones  entran rápidamente  en tensión de manera paradójica con las leyes secundarias, creadas para aplicar la Constitución y sus reglamentaciones. Es el caso de las leyes electorales o la Ley Marco de Autonomías,  que en sus disposiciones atenúan el alcance de los enunciados constitucionales y  ponen límites u obstáculos a su aplicación en lugar de facilitarla. 

 Más grave aún es el déficit en su aplicación, pues a siete años de aprobada la nueva Constitución no se percibe una voluntad política en los actores encargados de llevar adelante las diposicones y, más bien, se puede constatar una refuncionalidad de las leyes a   intereses particulares, que han conducido a una colisión con  los intereses de los movimientos indígenas, que  ahora se encuentran muy debilitados, frente a la opción por una política extractivista y desarrollista que se ha instalado en el Estado, y no duda en dar el golpe certero sobre quienes se oponen a sus políticas de desarrollo, mediante simulacros de consultas y la acción decidida sobre sus territorios. 

 Es en ese punto que entran en "perspectiva” los grandes avances normativos del indigenismo en Bolivia y se atenúa el ímpetu de sentirnos, por un momento, la vanguardia del movimiento en América Latina.

María Teresa Zegada es socióloga.
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