La Paz, Bolivia

Lunes 25 de Septiembre | 23:57 hs

Recuerde explorar nuestro archivo de noticias
María Teresa Zegada
Continuidades y rupturas

Lista única para magistrados

Lista única para magistrados
Es interesante, y extraño a la vez, observar el debate  político y ciudadano sobre la elección de magistrados. 

 El primer asunto que hay que anotar es que los problemas del funcionamiento de la justicia no se resolverán con la próxima elección de magistrados.  Se trata de un tema estructural profundo que tiene una larga historia y cuyas raíces no están solamente en el perfil de quienes conducen estos órganos desde los altos cargos jerárquicos  –que  es uno de los factores-, sino en prácticas profundamente arraigadas en una cultura de administración de justicia decimonónica que, lejos de corregirse, se ha ido arrastrando y profundizando con la historia. Tampoco se trata de un problema de números, es decir, de subir o bajar la cantidad de magistrados que se elijan, ni de meros ajustes a los  procedimientos electorales.

 El problema de fondo respecto a la próxima elección judicial es que no hay una correspondencia entre el objetivo  que se quiere lograr  y la forma o procedimiento que se pretende aplicar; por tanto, es un problema hermenéutico.

 El origen de la contradicción está en las propias argumentaciones que alentaron la insólita iniciativa de realizar una elección de autoridades, intentando aislarlas de las injerencias políticas mediante un acto que es,  por su naturaleza, eminentemente político, como la votación popular.
 
Pretender que los candidatos no pertenezcan a tiendas políticas ni se encuentren influidas por ellas, que se prohiban las campañas, que no se haga publicidad, etcétera, eran meros detalles ante la contradicción de origen; y el resultado de la primera experiencia en 2011 fue obvio, la intervención política se observó desde el momento de la preselección de candidatos hasta los resultados finales, que fueron desastrosos por la escasa legitimidad, cualificación y eficiencia que demostraron las autoridades electas.

 Entonces, dado el reconocimiento generalizado de que esta iniciativa fue peor que la enfermedad, ¿cómo se puede, en el corto tiempo que queda y sin vulnerar la CPE,  buscar salidas? 

 Partimos de  la constatación de que contar con magistrados idóneos no será   resultado de un proceso político de votación,  puesto que no es un tema de soberanía popular, ni de ejercicio de nuestros derechos de elegir a representantes, porque los magistrados no nos van a representar; por tanto, la propuesta es que la votación de octubre sea simplemente la ratificación ciudadana de una selección previa, consensuada a partir de una lista confeccionada adecuadamente entre quienes tienen la autoridad profesional para hacerlo. 

 En otras palabras,  someter a voto popular una lista única que cuente con la solvencia y confianza de quienes la seleccionen y, por supuesto, con el aval y la mediación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto,  es preciso poner atención  más que  al acto de votación a una rigurosa preselección. 

 De hecho, si verdaderamente se pretende aislar la preselección de candidatos de  injerencia política, el Parlamento debiera convertirse solamente en un cónclave veedor,  que garantice las condiciones  de la preselección y confección de una lista única  cuidadosamente elaborada por una comisión completamente integrada por ciudadanos notables y representantes de instituciones de la sociedad civil, que aplique un sistema meritocrático y transparente para calificar a "los mejores” bolivianos para dichos cargos, y abierto al control social de la ciudadanía a través de los medios de comunicación, previa publicación de las reglas de juego y las listas de postulantes. Este filtro  podría garantizar una plancha única asumida por la ALP y elevada a votación ciudadana.

María Teresa Zegada es socióloga.
50
1

También te puede interesar: