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María Teresa Zegada
Continuidades y rupturas

Las paradojas de los derechos políticos de las mujeres

Las paradojas de los derechos políticos de las mujeres
Los testimonios de acoso político de mujeres concejales, en especial en zonas rurales, son innumerables. Golpizas, intentos de violación y violaciones de hecho, agresiones físicas, y psicológicas, discriminación, vejámenes, maltrato, secuestro, invisibilización, renuncias forzadas, hasta asesinatos … la lista es interminable. 

 La  paradoja es que el gran logro legal de ampliar la participación de las mujeres en espacios de decisión pública, primero con la cuota del 30% y luego la equidad (50%), ubicó a Bolivia entre los países con legislación más avanzada respecto a los derechos políticos de las mujeres de toda América Latina; pero, en el reverso de la moneda esta presencia creciente incomodó de tal manera a la cultura política patriarcal y machista, que los representantes varones intensificaron la hostilidad, y asedio a las mujeres autoridades. El maltrato no tiene nada que ver con confrontaciones políticas, pues en muchos casos son los compañeros del mismo partido los agresores directos de las mujeres. 

 Los primeros testimonios públicos de acoso se presentaron al comenzar la década del 2000 ante el Parlamento Nacional y desde aquella época se comenzó a discutir en Acobol la necesidad de una ley que proteja sus derechos políticos; sin embargo, la Ley 243 Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres recién se aprobó diez años después, en mayo de 2012. 

 El reciente caso de maltrato a la concejala Erinia Villca Nina del municipio de Tapacarí de Cochabamba es uno más  de los muchos que se han revelado en las últimas décadas. Esta vez se trató de una brutal golpiza,  propiciada nada menos que por el presidente del concejo junto al Alcalde y con la participación de otra  mujer agresora. En casos como éste, debido a que implicó violencia física, insultos y violencia sexual, la aplicación de la ley implicaría el encarcelamiento entre dos a ocho años.

 Un reporte realizado hace unos meses por el Ministerio de Justicia concluye que se han  registrado más de  270 denuncias formales por acoso y violencia política hacia mujeres en el ejercicio de la función pública en todo el país, de las cuales sólo 13 (menos del 5%) tienen resolución administrativa o judicial y ninguna penal;  es decir, no hay ningún caso de encarcelamiento. A esta cifra hay que sumar las muchas afectadas que no realizan su denuncia por temor o desconocimiento.  Acobol añade que las denuncias se producen en casi la mitad de municipios del país (en 170 de un total de 339). 

 Mientras la democracia avanza en otros sentidos, por ejemplo en el compromiso ciudadano en mejorar la participación o tomar conciencia de una mayor y mejor institucionalización, las mujeres siguen siendo consideradas inferiores, incapaces de asumir cargos políticos, o bien ornamentos u objetos sexuales en medio de  un mundo dominado por varones y por una mentalidad machista asumida incluso por muchas mujeres. 

 Denunciar no es suficiente, diseñar una norma nacional tampoco, ésta debe aplicarse con celeridad y eficacia, pero además la norma debe incluirse en los  estatutos y cartas orgánicas. Un factor clave es la censura social a nivel general, pero sobre todo en las propias comunidades, entre sus votantes, conscientes de que es un camino que hay que recorrer de manera conjunta.

María Teresa Zegada es socióloga y analista.
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