La Paz, Bolivia

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María Teresa Zegada
Continuidades y rupturas

La defensa del Tipnis no está en discusión

La defensa del Tipnis no está en discusión
Las actuales publicaciones de prensa, artículos, comentarios, debates televisivos, denuncias en las redes, vigilias y movilizaciones sobre el  destino del  TIPNIS parecen trasladarnos en el tiempo a hace cinco o seis años atrás. Los argumentos sobre el daño ambiental que causaría la apertura de la carretera sobre el trazo programado han sido difundidas por expertos de distintos ámbitos, así como la indignación  por la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas asentados en dicho territorio, consagrados en su momento en  la flamante constitución.

¿Qué es lo que ha sucedido -o no ha sucedido- para estar en la misma situación? ¿Hemos perdido la memoria? ¿De qué sirvió el resultado de la sacrificada marcha que recorrió desde el Beni hasta la sede de Gobierno? ¿Qué sentido tuvieron las denuncias a instancias internacionales  que se pronunciaron contra la flagrante violación a los derechos indígenas? ¿De qué sirvió la aprobación de una ley que parecía sellar de manera confiable la intangibilidad del territorio?

No vamos a traer aquí todas las argumentaciones que circularon  en medio de la zozobra de ese momento. Pero al menos, recordemos que la Constitución aún vigente, establece, respecto a los pueblos indígenas, el derecho "a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, y en ese marco, instituye la necesidad de aplicar la consulta previa obligatoria de buena fe y concertada. 

No nos referimos al simulacro de  consulta acelerada y con resultados dudosos que se aplicó meses después del conflicto y que, justamente por su poca legalidad y confiabilidad, se dejó de lado.  Lo patético es que la propia Constitución señala al Estado, el mismo que hoy retoma la apertura de la carretera, como garante y encargado de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígena originario campesinos.

Las condiciones de la carretera no han variado desde entonces, por ello la iniciativa de retomar y aprobar una nueva ley de manera apresurada e inconsulta en la Asamblea Legislativa no sólo da cuenta de un Alzheimer deliberado sino de la ostentación de poder que pisotea la realidad. Pero esto ha provocado no sólo  una nueva situación de indignación social, sino también y una vez más, la pérdida de confianza en la institucionalidad del país que no  respeta acuerdos  sociales y políticos previos. 

Por supuesto que las capacidades de movilización de los pueblos indígena no son las mismas de hace seis años; hoy se encuentran debilitados, sin recursos,  han sido objeto de una sistemática arremetida a través del descabezamiento de las organizaciones, la división interna, la estigmatización como opositores de derecha y enemigos del proceso de cambio. Además, de la esmerada atención estatal a las necesidades inmediatas de los pobladores de la zona para demostrar que existe un Estado que los ampara.  Sin embargo, las sensibilidades no solo de los indígenas sino de la ciudadanía en general vuelven a despertar, porque  existe memoria y es muy difícil creer en la construcción de una carretera "en armonía con los derechos de la madre tierra”.

Hay que comprender de una vez por todas, que este tema no puede estar sujeto a la correlación de fuerzas del parlamento, a la imposición, ni siquiera a la cuantificación de votos en un referéndum; porque la razón de la defensa de este territorio no reside en sumas y restas, sino en una responsabilidad con la historia.

María Teresa Zegada es socióloga.
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