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Mario Castro
Desde el mirador

La corrupción y “su aliada” la impunidad

La corrupción y “su aliada” la impunidad
En sondeos de opinión por muestreo, en entrevistas que se realizan en diferentes medios de comunicación, lo mismo que en encuestas formales la conclusión más notable es que el Gobierno está obligado a despejar el sombrío panorama de la corrupción. Este lastre de la corrupción en nuestro país tiene vieja data, ha tenido vigencia en diferentes gestiones gubernamentales de distinto signo, y en la actualidad constituye el más lacerante problema en la administración del Estado. 
 
  En relación con esta apreciación el  Foro Económico Mundial ubica en el segundo lugar con más corrupción de los 138 países que fueron analizados, según  el Indice Global de Competitividad que realizan los Estados parte en el marco de mecanismo de convención de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la corrupción.   En esta medición de carácter internacional, ese Foro consultó a 15.000 líderes de negocios de más de 140 estructuras económicas del mundo.  
 
  En algunos casos, de los muchos que se han ventilado a la luz del día, se ha pretendido, para usar un lugar común,   "tapar el sol con un dedo”, pero el propio presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, en su extenso informe que brindó en la Asamblea Legislativa, el 22 de enero recientemente pasado, dijo que "la corrupción es un problema complejo que se debe encarar seriamente”. Cómo no asimilarlo de esa manera si "el dejar hacer, dejar pasar” fomenta lo ilícito.
 
  Para la declaración anotada sin duda no han faltado razones. La opinión pública conoce. Profusamente se han divulgado antecedentes y repercusiones. Citaremos algunos asuntos:  las visas chinas, con documentos falsificados, en las que se involucraba a legisladores del MAS; la adquisición de barcazas chinas,  por la Empresa Enabol, con pago adelantado de 28 millones de dólares, más el pago de transporte, de 3 millones de dólares;  YPFB, en 2008, firmó un contrato con la empresa fantasma Catler Uniservice por 86.35 millones de dólares, habiéndose pagado como adelanto 4,5 millones de dólares para una planta de gas licuado.
 
También con YPFB, en diciembre de 2014, el extinto presidente de esa entidad Carlos Villegas denunció que seis personas relacionadas con la Unidad de Comunicación y Almacenes de la Subsidiaria Chaco operaban en una red de corrupción;  lo más reciente y muy sonado fue que la Contraloría General del Estado y la Interventora del Fondo Indígena ratificaron un daño económico al Estado de 173 millones de bolivianos. Sin retroceder mucho, en febrero de 2016, se denunció un presunto tráfico de influencias y la suscripción de millonarios contratos de la empresa china CAMC con el Estado Plurinacional.    
 
 Las preguntas que surgen del modo más natural son: ¿por qué se esperó?, ¿por qué no se actuó oportunamente? Y no esperar que también, naturalmente, se produzca en la opinión pública una suerte de conmoción por ver soslayadas y estropeadas normas esenciales que exigen moralidad.
 
  En el primer caso citado, al último refutan la decisión de la Fiscalía o del Ministerio Público que a Gabriela Zapata se haya liberado de delitos...
 
  En el último caso,  sobre el Fondioc, entidad que agrupa a  gran parte de los  movimientos sociales afines al Gobierno y cuyos representantes conforman su directorio; es decir,  la cabeza con suficientes facultades para tomar decisiones. La exministra Achacollo  declaró ante el juez: "Yo hice conocer el 2011 al Presidente (Evo Morales) un año después de haber sido Ministra” y agregó: "Yo denuncié las irregularidades en el Fondo Indígena y sí sabía que los recursos no eran ejecutados correctamente”. Tremenda  acusación.
 
 Es incuestionablemente necesario que se produzcan esclarecimientos sin dilaciones. Como las irregularidades señaladas son precisas, los datos aclaratorios deben ser transparentes. Es de esperar que la alta jerarquía despeje el camino sin sembrar una sola duda, especialmente por tratarse  de personajes de rango, en beneficio de su propio partido y de su gestión de gobierno.
 
  El actual administrador del Estado, que ya lleva 10 años en esa responsabilidad enarbolando el cambio, hizo crítica dura a un estilo político que consistía en tapar acciones obscuras tal vez suponiendo que así nadie se daría cuenta. Y resulta paradójico ver a algunos de sus prominentes miembros incurrir en las mismas fallas que condenaban. Lejos de esa conducta debería ser drásticamente autocrítico. Sólo con la corrección de los propios errores se puede lograr estimación y ser digno de respeto. 

Mario Castro es periodista.
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