La Paz, Bolivia

Miércoles 20 de Septiembre | 16:10 hs

Recuerde explorar nuestro archivo de noticias
Mario Castro
Desde el mirador

Por privilegios se olvida la pluralidad

Por privilegios se olvida la pluralidad
Desde que comenzó la primera emisión de radio en esta parte del mundo, originada en  Massachusetts,  Estados Unidos, en una Noche Buena de 1906,  pronto la mayor parte de las naciones vieron nacer emisoras por iniciativa privada que "capturaron” oyentes en forma creciente. En un  decenio todos los países contaban con emisoras de radio, fenómeno que se inició en 1920, en la Argentina y concluyó en Guatemala.

Un poco más de diez años después -1929- 1932- comenzó la aventura de la radiodifusión pública. En nuestro país, como emergencia de la contienda bélica del Chaco,  vinculada a las necesidades estratégicas con la creación de "Radio Illimani, la voz de Bolivia”.  Esta forma de utilizar un medio de comunicación masiva se repitió en tiempos de paz, casi cuatro décadas después, con "Canal 7, Televisión Boliviana”, ambos medios estatales que  desafortunadamente se convirtieron en instrumentos gubernamentales.
 
Los nombres originales de esos medios de comunicación social eran  parte nuestra  historia. No fueron precisamente establecidos en alguna de las dictaduras que sufrió  el país, ni son nombres de corrientes colonizadoras, pero fueron reemplazados  sin una justificación clara,  mutilándose así la memoria del patrimonio nacional.
 
En lo esencial, deliberadamente se distorsionó la naturaleza de estos bienes públicos poniéndolos al servicio de un gobierno de turno y no de todos los bolivianos, sin exclusiones, como debería ser, ya que todos constituimos el Estado. Y, aquí,  desde hace mucho tiempo -hoy con marcadas características- esos influyentes medios del Estado -radio y televisión- sólo  promueven al gobierno vigente, cerrando espacio para cuestionar la situación económica, política y social. Al margen de no reflejar  a toda la nación  con su plena diversidad cultural.
 
Hay que puntualizar que lo anotado está en flagrante contradicción con la libertad de pensamiento  prescrita en la Constitución Política del Estado que en su Artículo 21, parágrafo 2, consigna "expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual individual o colectivamente” complementándose en el parágrafo 5, con "acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente”.  Sin embargo, el libre pensamiento,  las discrepancias o las críticas, aunque fueran gratificantes para la marcha del país no tienen cabida en esos medios.     
 
No pretendemos pontificar otras épocas de gobierno y que no hubieran abusado en muchas eventualidades del uso de los medios de comunicación del Estado. En forma repetida los han convertido  en sus  "tiendas de campaña”  o en las "agencias propagandísticas”  de los partidos que llegaban a los altos mandos del poder. Cuando se ha pregonado cambios radicales pensábamos que efectivamente la cuestión sería diferente, pero como antes o más, esos medios de gran influencia  están sometidos a su mandato.  
 
Esto naturalmente se relaciona con periodistas que registran diferentes facetas de esta especial actividad; desde una posición decidida  que tuvieron en la recuperación   de la democracia y actualmente en la preservación de ese régimen de derechos y libertades,  pasando por constantes señalamientos de casos que infieren daños al Estado, hasta reclamos por el respeto a la dignidad humana.   
 
Ahora resulta paradójico que no se abran las posibilidades de esos medios a todos sin excepción  cuando su funcionamiento se debe a un presupuesto procedente de los   tributos de la población, en parte,  para bienes públicos, como son los medios de comunicación estatales. Muchas veces se ha reclamado  que deben  constituir  escenarios desde los que se puede contribuir a procesos constructivos,   como criterios orientadores inclusive para la tarea y responsabilidad de gobernar. Así se niega al propio Estado a mostrar la disposición  de la más amplia pluralidad, la admisión de la crítica a la función pública que es igualmente un derecho y que  sería lo más lógico en un sistema democrático que debe diferenciarse de un régimen autocrático que maneja las normas con discrecionalidad.
 
En democracia tienen vigencia y garantías las libertades de expresión y de información. Son, incuestionablemente, bases fundamentales en las que se asientan  otras libertades. De ahí que las anulen  los regímenes dictatoriales, cualesquiera que sean los signos que enarbolen, de derecha o de izquierda.  A los medios que canalizan y sostienen esos principios  los atacan y destruyen frontalmente o con métodos sutiles.
  
Mario Castro es periodista.
41
2
Comentarios

También te puede interesar: