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¿Somos todos iguales ante la ley?

¿Somos todos iguales ante la ley?
El anuncio de poner en vigencia una nueva Ley de la Coca, desde hace más de cuatro semanas, ha creado un clima de expectativas y zozobra. Su promulgación (8/3/2017) no ha despejado los negros nubarrones de preocupación; por el contrario, ha aproximado la tormenta. Los factores inéditos introducidos en esa norma legal han provocado un sacudimiento que mueve a reflexiones por temores justificados a su aplicación  para una estrategia oficial vertical. 

Las observaciones hechas a esa disposición llevaron a la coincidencia de muchos ciudadanos, la mayor parte con opiniones respetables por la propiedad de su criterio,  respecto del delicado asunto. El documento también coincide con varios anteriores informes de las Naciones Unidas y aporta nuevas herramientas para una polémica de suyo ardorosa, y descubre recodos mantenidos cuidadosamente, especialmente por los productores de coca, en un severo cono de sombras.

 En efecto, el  miércoles 8, recientemente pasado, el Presidente Evo Morales promulgó la Ley General de la Coca en Palacio de Gobierno,  en presencia de autoridades nacionales, departamentales, regionales, productores de  coca, representantes de organizaciones sociales y medios de comunicación. En este marco, el Jefe de Estado, indicó que es "un día muy importante  para la identidad y ésa cultura milenaria de la sagrada hoja de coca, que fue sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia” y puntualizó: "Siento que es una lucha ideológica, programática, permanente y dependerá cómo las fuerzas sociales se orienten, por ahora llegó la hora de enterrar la Ley 1008 que busca cero coca en Bolivia”, expuso el Mandatario.

Inmediatamente salió al paso una fuerte corriente de opinión que señala -como reiteradamente lo advirtió- que peligrosamente, con la ampliación de 22.000 hectáreas de cultivos, no sólo en el área tradicional sino en zonas de expansión, la producción de la coca se extenderá con destino al narcotráfico, con el nefasto valor agregado del consumo de las drogas de la cocaína y sus  graves consecuencias para muchas familias, y la sociedad.

Por otra parte, entre sus derivaciones negativas está la creciente deforestación y sus perversos efectos, como el cambio climático, el daño a la biodiversidad, sus preocupantes afectaciones en la provisión de agua, lo que desencadena también causas de inseguridad alimentaria, anulando la producción agrícola por dar lugar a la plantación de cocales,  desastres en el medioambiente. 

  Por lo expuesto la Ley General de la Hoja de Coca, en su espíritu y letra, claramente entraña riesgos serios  de carácter  social, político,  económico  y t ambién tal  que no sólo interesa a los cocaleros, agrupados en seis federaciones que las preside también el Presidente del Estado Plurinacional (donde se manifiesta un evidente conflicto de intereses), por lo que reviste importancia nacional. De ahí que todos los bolivianos tienen el derecho de observar sus contenidos y la incidencia que tendrá en el porvenir.

 En relación con lo anotado, organismos internacionales vinculados a evaluaciones de producción de la coca han hecho de público conocimiento que se considera  que "los esfuerzos de Bolivia son insuficientes”, permitiendo la expansión de cultivos de coca con destino a la fabricación de estupefacientes.

 Sin duda, asistiremos a una intensa secuela de efectos que se introducirán como molestas pajas en el atento ojo que tienen puesto en nuestro país. En tanto, aquí,  crece la preocupación general respecto de la nefasta presencia del narcotráfico con tendencia a crecer, puesto que constantemente se denuncia el establecimiento de fábricas de cocaína, ya no sólo en el Chapare  cochabambino o el oriente, sino en el altiplano, como El Alto e, inclusive, en la ciudad de La Paz.

  Cualquiera que sea el ángulo escogido para mirarlo, este es un problema que no sólo reinicia la inquietud generalizada que habla mal de los recursos jurídicos  y humanos, como de Gobierno y cocaleros,  que obliga a acciones más efectivas para salvarnos de la ominosa actividad del narcotráfico.

  Con esos antecedentes resulta insoslayable otra faceta:  el consumo de drogas.  No podemos engañarnos,  en nuestro país se ha expandido también el consumo.  La comercialización cada vez afecta más las partes especialmente sensibles de la sociedad; es decir, la juventud y la adolescencia.  Al parecer son muchas las organizaciones encargadas de vender la droga al menudeo y si bien  los organismos de control hacen batidas queda, sin embargo, la pregunta, ¿hasta dónde son efectivos esos operativos para acabar con ese comercio?   

  Por los informes que han provocado tantos escozores no habría que rasgarse las vestiduras, sino demostrarle al país que aquí se puede actuar con valor, con honestidad y con moral.  


Mario Castro es periodista.
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