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¿YPFB del Estado Plurinacional al Estado Etnocida?

¿YPFB del Estado Plurinacional al Estado Etnocida?
En el auditorio del CESU de la Universidad de San Simón, hemos podido escuchar el testimonio de representantes de los pueblos tacana y cavineño que nos han dejado sumamente preocupados. Resulta que YPFB, juntamente con las empresas chinas BGP y Sinopec (con antecedentes de maltrato a indígenas en Ecuador), están explorando la existencia de hidrocarburos en plena Amazonia, concretamente en los bloques Beni y Nueva Esperanza, situados en la cuenca del Madre de Dios.

 Por lo visto la mera exploración —¡qué será después la explotación!— conlleva 61.835 detonaciones subterráneas a lo largo de 2.765 kilómetros. Ello supone afectar seriamente los acuíferos subterráneos y, por tanto, la selva amazónica (en esa zona casi virgen), afectar, por tanto, los bosques de castaña y la fauna y la caza y la pesca, y, por tanto, las fuentes y formas de vida de los pueblos que habitan la zona, sobre todo araonas, tacanas y cavineños. 

 Ellos informan que les ofrecen compensaciones económicas pero que no las quieren, que lo que quieren es conservar su territorio. Pero las autoridades gubernamentales responden que es un proyecto de prioridad nacional y, como ya es tradición, proceden a la cooptación de dirigentes, a la división de la organización ¡y a destruirles el hábitat!

 Sólo estos datos serían suficientes para descartar dicha exploración que responde a necesidades de "desarrollo económico del país” y, por tanto, se podría decir que a los derechos (humanos) del conjunto de la población. Pero resulta que el mundo entero aplaudió la afirmación del presidente Evo Morales en el sentido de que los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos… Y, adicionalmente, se supone que incluso entre los derechos humanos son prioritarios los derechos de los pueblos que habitan ese territorio. ¿Sabe el Presidente lo que están haciendo las empresas petroleras? ¿Se desdice el Presidente de una de las afirmaciones más brillantes y prometedoras que ha pronunciado? ¿Van a seguir pisoteando los derechos de la Madre Tierra e incluso los derechos humanos?

 Pero resulta que el desastre es aún mayor porque a estas alturas está comprobado que la tal exploración está amenazando a un pueblo indígena no contactado —de eso son testigos los propios trabajadores de las empresas petroleras que han oído gritos y tamborileos, han visto huellas y, en momentos, han tenido que ponerse a buen recaudo—. La zona donde habita este pueblo —vecino de tacanas y araonas y al que llaman toromonas— está siendo afectada con 20.000 detonaciones subterráneas y 190 mil kilos de explosivos, además de la presencia invasora de 1.500 trabajadores que van abriendo brecha y de la construcción de 200 helipuertos (que entre otras cosas parece que transportan prostitutas para esos trabajadores ¡que luego inducen a la prostitución a mujeres indígenas!).

Todo este proceso etnocida contradice el Convenio 169 de la OIT (reconocido como ley vigente por el Estado boliviano), contradice el Art. 131 de la Constitución, contradice la Resolución 48 del SERNAP (de agosto de 2006) que declara intangible el área de los  toromonas, contradice la Ley 450 (de  2013) sobre protección a naciones y pueblos originarios vulnerables y contradice la Sentencia Constitucional 0014/2013-L a favor del Cipoap (organización del pueblo pachahuara).
 
Y vale la pena citar el texto constitucional —¡de nuestra Constitución Plurinacional!, en nombre de ella tenemos todo el derecho de reclamar)—, cuyo artículo 31 dice así: 

I. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

¿Qué les pasa, señores de YPFB? ¿No les importa la Constitución? ¿Tampoco le importa nada al Viceministerio de Justicia Indígena? (Al Defensor del Pueblo mejor ni preguntarle). ¿Será realmente que a nuestros gobernantes no les importa violar tan abiertamente nuestra Constitución y nuestras leyes, y llevar a la extinción a pueblos indígenas enteros, al estilo del etnocidio cometido por los gomeros del silo XIX? Nos cuesta creerlo.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
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