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Entre ceja y ceja

¿Constitución retroactiva?

¿Constitución retroactiva?
En el programa radial Diálogo en Panamericana del anterior fin de semana, el señor procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta, afirmó, apoyado por varias sentencias del Tribunal Constitucional, que si bien la ley boliviana no puede ser aplicada retroactivamente en materia penal (corrupción), la Constitución Política del Estado sí. Debido a esta aseveración, yo le invité a que dialoguemos sobre el asunto a través de algún medio de comunicación escrita, dado que el tiempo en la radio era breve para el efecto. Inscribo pues esta columna en ese contexto y cumplo con iniciar el debate.

Primero, establezcamos qué es una Constitución Política del Estado. Según la Real Academia de la Lengua, que sintetiza siglos de construcción conceptual de los más importantes filósofos del derecho, "una Constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos, y delimita los poderes e instituciones de la organización política”. También, como sabemos, es designada con las expresiones Carta Magna o Ley Fundamental. Es decir, que la Constitución es una LEY y, de hecho, la más importante de todas.

 Nuestra Constitución establece que Bolivia acepta y se somete a la jurisdicción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en ese sentido asume, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, que "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa y que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional”. Además, que "tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. 

 Debido a que la última parte del artículo 123 de la Constitución establece, de manera contradictoria, la retroactividad para juzgar delitos relativos a la corrupción, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia constitucional 0770/2012 que zanjó definitivamente el tema dando primacía, como no podía ser de otra manera, a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 Pero no está allí nuestra controversia con el señor Procurador del Estado, dado que él aceptó sin lugar a dudas que en Bolivia la  LEY sólo rige para lo venidero y no es de aplicación retroactiva, salvo en materia laboral o penal cuando favorece al imputado. Nuestra diferencia está en que Héctor Arce sostiene que la mencionada sentencia constitucional vale para las leyes, pero no para la Constitución, y que, la parte final del artículo 123, debe ser aplicada porque "la Constitución está por encima de las leyes” y que por consiguiente no cae en la limitación establecida por sentencia constitucional ni en la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 Creo que la posición del señor Procurador establece una diferencia conceptual, desde mi punto de vista inexistente, entre Ley y Constitución. El principio de la irretroactividad, es decir, la prohibición de juzgar a las personas con leyes o penas inexistentes en el momento que se cometen los presuntos delitos, es una base irrenunciable del derecho positivo y se aplica a la LEY en general, no solamente a las leyes en particular. Y cuando decimos LEY, obviamente nos referimos al genérico conceptual que incluye a la Constitución y al resto de las leyes.

 No es, desde mi punto de vista, válido, que aceptemos el principio de la irretroactividad de la LEY en materia penal (corrupción) y que pretendamos que no es aplicable a la LEY mayor que es la Constitución. Los principios de la filosofía del derecho son aplicables de manera holística en el conjunto normativo y de ninguna manera selectivamente. Me parece que no es sostenible, ni aplicable operativamente, pretender aplicar la Constitución de manera retroactiva, pero no las leyes que nacen de ella.

Ricardo Paz Ballivian es sociólogo.
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