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Ricardo Paz Ballivián

Autonomía: ¿con qué se come?

Autonomía: ¿con qué se come?
Ante la indiferencia casi total del país, el pasado 9 de julio se produjo el "referendo autonómico”. El proceso electoral consultó a los ciudadanos por la aprobación o no de 12 cartas orgánicas municipales, un estatuto autonómico indígena (Huacaya) y un acceso a la autonomía indígena (Machareti) en 14 entidades territoriales autónomas (ETA) de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, Tarija y Oruro. 
 
Ocho ETA votaron mayoritariamente por el Sí (Achocalla, Alto Beni, Machareti, Uriondo, Vallegrande, Postrervalle, Sicaya y Sinahota); mientras que seis lo hicieron por el No (Laja, Coroico, Antequera, Huacaya, Puna y Puerto Villarroel). Según el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la participación llegó al 71%, aunque habrá que ver, cuando lleguen más datos, la desagregación por ETA.
 
La primera reflexión que sugiere este proceso es el prácticamente nulo interés que el tema despierta en la ciudadanía a nivel general. Los medios de comunicación le dedicaron muy poca cobertura y los opinadores y analistas no nos referimos al asunto, porque estamos más ocupados en los temas políticos de coyuntura (relaciones con Chile, corrupción en YPFB, elecciones judiciales, la crisis en Venezuela, etcétera).
 
La verdad, no conozco si el OEP realizó una campaña focalizada y segmentada en las ETA protagonistas, pero el hecho de que a nivel general no nos hayamos enterado del referendo, más allá de su simple realización, debería llamarnos la atención. Da la impresión que la aprobación de los estatutos y cartas orgánicas es un molestoso requisito burocrático, incorporado en la Constitución, que no le gusta a nadie. 
 
 La realización de estas consultas no parece resultar la culminación de un proceso ciudadano de reivindicación de la autonomía o de la democracia participativa en ninguna parte. La gente asiste a votar porque es obligatorio hacerlo, no conoce el contenido de las normas que se ponen a su consideración y decide más por inclinaciones políticas circunstanciales o consignas partidarias. 
 
Lo peor de todo, es que son procesos costosos, que tienen la obligación de financiar las propias ETA, restando recursos a necesidades de gestión como salud, educación o seguridad ciudadana. Si, además, el resultado es negativo, realmente se trata de un gasto insulso; plata tirada al agua.
 
En el fondo, sin embargo, está la cuestión de la Autonomía. El proceso autonómico tiene larga data. Probablemente se inició a fines del siglo XIX, tuvo varios hitos, como el de 1994 con la participación popular, la Constitución de 2004, las movilizaciones en Santa Cruz a principios de siglo, hasta conseguir la definición de nuestro Estado como "autonómico” en la Constitución de 2009. Después de ello, se intentó la creación de un andamiaje legal y operativo que hasta el día de hoy cojea, por varias razones reales y formales, una de ellas la falta de aprobación de estatutos y cartas orgánicas.
 
Ahora bien: ¿Es la Autonomía una facultad que la gente entiende y reivindica? Los promotores de la idea autonomista ¿han hecho lo suficiente para difundir las bondades y pertinencia de la aplicación de un modelo de estas características? ¿Estamos todos de acuerdo en cuál es ese modelo, sus límites y su convivencia con la idea nacional? Tengo la impresión, a la luz de los resultados que muestra hoy el proceso autonómico, que debemos responder a esas y otras preguntas. 
 
Puede que a algunos, por razones diametralmente opuestas, no les convenza la idea. Unos porque quieren mantener la retórica autonomista sin cambiar nada en un Estado centralista y autoritario y otros porque creen que la Autonomía es sagrada e intocable y temen perder lo avanzado. Por mi parte, no quiero que se me mal entienda. No está en mi ánimo rediscutir la existencia del modelo autonómico en nuestra estructura legal institucional, sino precisar las cosas y, sobre todo, lograr que un asunto tan importante vuelva a estar en primera línea en la agenda del país.
 
No está en mi  ánimo rediscutir la existencia del modelo autonómico en nuestra estructura legal institucional, sino precisar las cosas.

Ricardo Paz Ballivian es sociólogo.
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