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En riesgo de extinción

Senda de castigo y revancha

Senda de castigo y revancha
La reunión convocada en Sucre para reformar la administración de justicia ha concluido sin que pueda esconderse la amarga sensación que deja, inclusive entre quienes la armaron y manipularon. La manera en que fue conducida y sus conclusiones se encuentran tan alejadas del objetivo de aliviar la desesperación colectiva que produce el funcionamiento del monstruoso aparato que conforman el Judicial, los fiscales y la Policía, que sólo dejan desaliento y, para los patrocinadores, un profundo e inconfesado sabor de otro problema irresuelto y postergado.

Aunque la principal meta gubernamental para su "cumbre” era afinar el control absoluto de la magistratura, sabían que era necesario entregar algún tipo de esperanza en que se quiere atender la inseguridad y el extendido sentimiento de injusticia prevaleciente y desamparo o, al menos, que serían tomados en cuenta por el poder. El fracaso del 21 de febrero trastornó sus planes previos y los empujó a improvisar con atolondramiento.

Así lo deja ver su planteamiento de instaurar la cadena perpetua y la suma de condenas, pero es inocultable que lo que verdaderamente les importaba era hallar alguna forma de "abrir” la Constitución, bajo la rencorosa, ilegítima y antidemocrática aspiración de anular los resultados del 21 de febrero.

Notable simbolismo que presenta el Vice, principal teórico del proceso, al confluir con las mentes más retrógradas, al proponer un paradigma punitivo y de venganza, como supuesto salto cualitativo de la justicia boliviana. Eso lo lleva a replicar, objetiva e incuestionablemente, la experiencia de quienes, años atrás, intentaron ganar votos enarbolando la pena de muerte. Unos y otros juegan a instrumentalizar la bronca y la frustración que sacude ante los asaltos sexuales contra menores, el crujir de las mandíbulas ante las muertes que causan, las ganas de que los culpables no queden impunes, para convertirlos en votos de elecciones o referendos. 

Pero ninguno, ni ellos ni nadie, puede ignorar que los crímenes no disminuyen, sino que aumentan, en sus formas más salvajes y predatorias. Por ejemplo en Estados Unidos, donde no sólo existe perpetua y agregación de condenas, sino también pena de muerte, y donde se amontona el 25% de toda la población penal del mundo. ¡Vaya el regalito de la cumbre gubernamental!

Este retroceso no es el primero ni será el último. El camino de tirar por la borda promesas y principios empezó hace rato, cuando, por ejemplo, el Presidente, en persona, salió a garantizar que "no existen archivos militares secretos” para acallar el reclamo de las familias de los desaparecidos. Que ahora, el Canciller anuncie que se abrirán los archivos de las dictaduras para aportar al esclarecimiento del Plan Cóndor no cambia lo que los gobernantes han hecho en materia de cultivar la impunidad y hacer del militarismo su orgulloso estilo. 

La importancia absoluta que otorga hoy el Ejecutivo a la Libreta de Servicio Militar, como documento privilegiado de ciudadanía y herramienta para perseguir y descalificar, conjuga perfectamente con sus planteamientos sobre la justicia. 

¿No cabía esperar que un régimen "nacional y popular” diera prioridad e impulso al servicio científico, al artístico, al educativo, al solidario, al social? Se juega, por el contrario, a mantener el militar como obligatorio y a advertir a las organizaciones de derechos humanos que no se metan en los cuarteles, para mantener intacta la ciega subordinación, el silencio ante las órdenes del "superior” o la resignación ante los castigos, la injusticia y la arbitrariedad.

Curiosa paradoja la de un país que se llama constitucionalmente pacifista y pone por encima de todo  -al menos en el ideario oficial- a los juegos de guerra, muerte y destrucción que marcan la esencia e identidad de la instrucción castrense.

Todo lo anterior es congruente con arrastrar a la dirigencia de las organizaciones sociales a suscribir un pacto para encarar la crisis de la justicia, ratificando su sumisión ante los gobernantes y el poder económico; en vez de resguardar e impulsar su autonomía, poner en marcha mecanismos para terminar con la carga y avalancha procesal, la redistribución de juzgados bajo consideraciones de densidad poblacional, la reorientación y desarrollo de la carrera para jueces y fiscales. 

Roger Cortez Hurtado 
es investigador y director del Instituto Alternativo.
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