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En riesgo de extinción

Las aguas bajan turbias

Las aguas bajan turbias
Así descienden después de un prístino nacimiento, en que lucen cegadoramente transparentes las aguas que se desprenden de los glaciares andinos, en la cabecera de nuestros más grandes ríos. A medida que se despeñan, irrefrenables, arrastran sedimentos que se hacen masivos, mientras más lejos avanzan y mientras más lluvias los alimentan. Así, cuando transcurren a través de las selvas, se ven arenosas, fangosas, inescrutables para las miradas que pretendan atravesarlas.

Lo que nos inquieta ahora no es esa, sino la de los que disponen de nuestros recursos, de los que, a nuestro nombre, adoptan decisiones, firman contratos, desembolsan pagos que pueden servir para pagar obras y, también, a engrosar fortunas de comisionistas y de funcionarios ávidos, y rapaces.

Ese temor crece en mucho cuando el monto anunciado para la construcción de dos represas en el noreste de La Paz (el Bala y el Chepite) llega casi a la mitad de las reservas internacionales disponibles a esta fecha o, lo que es igual, sobrepasa la deuda externa total del país o duplica lo que alcanzaremos a cobrar este año por la exportación de gas natural. 

Para este tamaño de inversiones y gastos la información que se proporciona es tan mezquina, recortada y dirigida, que promueve una duda tras otra. Inversiones basadas en el falso enunciado de que seremos el "centro energético sudamericano”, en un contexto en el que Brasil producirá 5.000 MW con las dos últimas represas que está construyendo (sólo Itaipú produce 14.000) o donde Argentina tiene reservas de más de 800 trillones de pies cúbicos de gas, contra los menos de 30 que el gobierno boliviano se propone encontrar hasta 2025. El enfoque intrínsecamente propagandístico de la información demuestra que se quiere explotar la emocionalidad y no a aclarar, presentar datos verificables, convocar a pensar reflexiva y críticamente.

Lo que se nos ha dicho hasta hoy sobre las represas no satisface preguntas básicas sobre los costos de producción y transporte, y, mucho menos, la comparación entre esos costos y los ratios de inversión-costos-beneficios comparativos entre estas obras gigantescas con las de una cadena de pequeñas generadoras, más baratas, con mayor potencial de generación en conjunto y con muchísimo menor daño al ambiente o, mejor aún, de una combinación de ellas con la de fuentes limpias, hacia las que están avanzando China, Alemania y Japón o, en nuestro continente, Brasil y Chile. 

La información de que "sólo se afectará el 2%”  en superficie territorial no da idea alguna sobre el verdadero impacto ambiental y sobre las poblaciones ribereñas, mientras permanecemos completamente desinformados de la magnitud y seriedad de las investigaciones, realizadas en apenas un año, por la misma empresa italiana a la que se acaba de volver a contratar para el estudio a diseño final.

Lo que empieza a quedar claro es que el Plan Eléctrico gubernamental (a 2025) está formulado con criterios anacrónicos que ignoran completamente el nuevo escenario energético del planeta, con las nuevas escalas, en cuanto a urgencia e importancia, que impone la veloz evolución del calentamiento global, que obliga a que apostemos, todos los países, a generar energías renovables, que en el plan oficial apenas llegan al 4% de toda la canasta el año 2025. 

El enfoque boliviano no toma en cuenta que "América Latina debe enfocarse en desarrollar infraestructura eléctrica con fuentes renovables y con el menor impacto ambiental posible”, como lo señala el colombiano Santiago Ortega, especializado en fuentes renovables (en declaraciones a la agencia IPS) y seguidor de los enfoques que se imponen mundialmente.

Cuesta muy poco –apenas una pequeña fracción de la carísima campaña de medios gubernamentales- "subir” a Internet todo el respaldo documental con el que se cuenta para adoptar decisiones de tanto impacto económico, financiero, humano y ambiental, como las que traerá la construcción de las represas del noreste paceño y las planeadas para todo el país. Continuar ignorando esta obligación, impuesta por nuestros colectivos derechos a la información y comunicación y de transparencia gubernamental, no hará más que incrementar las sospechas y la resistencia social.

Roger Cortez Hurtado es investigador y director del Instituto Alternativo.
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