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En riesgo de extinción

Las menores: maltratadas y postergadas

La capacidad de generación eléctrica del país ronda los 1.900 megawatts anuales, de los que más del 70% proceden de plantas termogeneradoras, lo que significa que -para usar palabras de un amigo- que por lo menos siete de cada 10 "focos”, o cualquier otro artefacto eléctrico, funcionan gracias a la quema de gas natural (y diésel en una proporción mucho menor).

La situación es mucho más seria y penosa cuando se toma en cuenta que la eficiencia de los sistemas de quema de combustibles tradicionales (no de ciclo combinado) no llega al 30%, de manera que por la quema de, digamos, 1.000 unidades de gas, sólo 300 llegan a convertirse en electricidad asequible al consumo, mientras el resto se pierde como calor. Resulta así que en un momento en que no podemos garantizar el cumplimiento pleno de nuestros contratos de exportación de gas natural estamos dilapidando una importante cantidad de ese energético.

Este esquema, básicamente heredado del periodo privatizador, no ha sido modificado hasta hoy, pese a la nacionalización del sector y al significativo impulso que ha recibido la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y los fondos de los que dispone para inversiones. 

Los proyectos hidroeléctricos de Miguillas, San José e Ivirizu pueden dar un vuelco completo a la disparatada situación que vivimos, porque, juntos, tienen una capacidad total de generación de 607 MW/año. Como la eficiencia de la generación hidroeléctrica supera a termogeneración (quema de combustibles) en una proporción de casi tres a uno, no sólo ahorraríamos gas, sino que al mejorar nuestra disponibilidad del recurso se atenuaría la vidriosa situación del contrato con la Argentina y se obtendría mayores ingresos nacionales.

De allí que el considerable retraso de estos tres proyectos resulta inexplicable e injustificable, porque además de sus beneficios en cuanto a modificar la matriz energética del país y ahorrar recursos, tienen un bajo impacto ambiental, lo mismo que los otros identificados por ENDE, en la cuenca alta de nuestros ríos (especialmente el Beni), que suman un potencial de más de 10.000 Megawatts. Tal potencial supera ampliamente los ultradestructivos proyectos como el del  Chepete (maliciosamente propagandizado con el nombre de El Bala por el gobierno), orientados no a nuestro mercado, sino a una fantasiosa exportación, carente de demandantes reales.

De acuerdo a los planes originales, Miguillas, San José e Ivirizu deberían ya estar funcionando, pero sólo San José (fase I) estaría disponible el próximo año, mientras Miguillas se ha pospuesto hasta 2020, en tanto que Ivirizu apenas está en fase de estudio.

La situación de Miguillas, que estuvo durante un siglo en manos de privados que desarrollaron menos del 10% de su potencial, muestra los pobres cambios efectuados hasta ahora, porque en un proceso rodeado de penumbras y dudas se adjudicó el proyecto al proponente con el costo más alto (al menos 30 millones de dólares mayor al del siguiente). No obstante que desde la misma adjudicación se produjeron observaciones y en febrero de 2016 una denuncia parlamentaria formal, las autoridades esperaron que Isolux Corsán, la empresa beneficiada con el contrato, abandonara las obras, dejando una estela de acreedores y obras inconclusas. 

Más llamativo aún es que la obra se le entregara a Isolux, que ya tuvo un pobre desempeño en la construcción de un tramo de la doble vía Oruro-La Paz y que carga un gordo historial de denuncias acumuladas en casi todos los países donde opera. En Chile, cuatro denuncias y pleitos hasta 2014 (estadio de Calama, Puente bicentenario, hospital Pitrufquén) y siguen denuncias, y recisiones en España, Estados Unidos, Brasil, México, etcétera, etcétera.

La negligencia, omisiones, desidia con que se han tratado las obras hidroeléctricas que necesitamos con máxima urgencia, nos permiten vislumbrar que todo el parloteo sobre núcleos energéticos basado en megarrepresas, caras y devastadoras, tiene de real, únicamente, la orientación propagandística electoral y la avidez por enormes negocios que beneficiarán a inversores inescrupulosos, y constructoras, ávidas de ganancias, a cualquier costo.

Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.
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